LA UNIÓ Llauradora solicita que se aplace la entrada en vigor del Cuaderno de Explotación Digital (CUE) y que su implantación sea progresiva empezando por las grandes explotaciones y que para las pequeñas se haga a partir del año 2028.

España pretende que el Cuaderno sea obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2023 en todas las explotaciones agrarias con más de 30 hectáreas de cultivos herbáceos; 10 hectáreas de leñosos o 5 hectáreas de regadíos, y para el resto de las explotaciones a partir del 1 de julio de 2024. Sería así el primer país de la UE en ponerlo en marcha si se confirman las previsiones.

LA UNIÓ considera, tal y como le ha hecho saber al Ministerio de Agricultura, que la implantación del Cuaderno de Explotación Digital debería unificarse en toda la Unión Europea y “no pretender el Gobierno de España ser Quijote para ponerse la medalla de convertirse en el primero en ponerlo en marcha de todo el ámbito europeo, imponiendo más burocracia al sector y haciéndolo menos competitivo”.

En aras a esta competitividad, desde LA UNIÓ se exige que los productos importados de países terceros tengan la obligación de hacer el Cuaderno de Explotación Digital para introducir sus producciones en los mercados de la Unión Europea. Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ, indica que “la reciprocidad en materia agraria debería ser el eje de las políticas de la Comisión Europea, lo que a nosotros se nos exige debería resultar innegociable para las producciones de terceros países que quieran entrar a los mercados comunitarios”.

La organización profesional agraria también solicita, previamente a la implantación de esta nueva obligación burocrática, ayudas para compensar el evidente aumento de costes que supondrá adaptarse a la confección del Cuaderno de Explotación Digital y entre ellas una partida para la formación de los jefes de explotación.

LA UNIÓ ha realizado una intensa actividad durante los últimos meses en diversos frentes para frenar el establecimiento del Cuaderno de Explotación Digital. En este sentido, presentó en febrero de 2022 las alegaciones a la PEPAC para que este requisito quedase fuera de las obligaciones de la nueva PAC que entró en vigor el pasado 1 de enero. También, a través de su organización estatal Unión de Uniones, ya formuló también alegaciones a la Ley 30/2022 (ley de la PAC) para que no se necesitara comunicarse exclusivamente mediante vía telemática con la administración.

Ha llevado a cabo y lleva así mismo un intenso calendario de charlas informativas por numerosas localidades de toda la geografía valenciana y mantenido reuniones con las Administraciones para analizar todo lo relacionado con el Cuaderno de Explotación Digital. La Conselleria de Agricultura ya trasladó el pasado 4 de abril un escrito al Ministerio en la línea de las propuestas de LA UNIÓ. El propio Ministerio, en la reunión celebrada por la sequía la pasada semana, ya comunicó a una delegación que contaba con representantes de LA UNIÓ que está valorando un aplazamiento de su inicio en España, aunque su propuesta para que entre en vigor un año más tarde es inasumible por parte de esta organización agraria.

Carles Peris afirma que “las Administraciones deben ser sensibles y no ahogar más al sector, no puede ser que cada nueva normativa represente más burocracia, más trabas, más problemas y más sobrecostes, como si no tuviéramos suficiente con el precio que percibimos, con el cambio climático y con los brutales costes de producción que sufrimos”