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Bruselas quiere normas comunes para evitar los lavados verdes

23/03/2023

Un estudio de la Comisión Europea de 2020 destacó que el 53,3 % de las afirmaciones ambientales en productos o servicios, examinadas en la UE resultaron vagas, engañosas o infundadas y el 40 % carecían de fundamento. La ausencia de normas comunes para las empresas que realizan afirmaciones medioambientales de manera voluntarias puede conducir a un «lavado verde» y crear un campo de juego desigual en el mercado de la UE, en detrimento de las empresas verdaderamente sostenibles.

Para controlar expresiones como ‘Camiseta hecha con botellas de plástico recicladas’, ‘Entrega con compensación de CO2’, ‘Embalaje hecho con un 30 % de plástico reciclado’ o ‘Protector solar respetuoso con el océano’, así como para evitar la proliferación de nuevas etiquetas ambientales públicas y privadas, la CE ha presentado una propuesta de directiva con criterios comunes contra el lavado verde y las afirmaciones ambientales engañosas.  Quedarían fuera de la directiva la etiqueta ecológica de la UE o el logotipo de alimentos ecológicos.

El COPA-COGECA ve bien la iniciativa, teniendo en cuenta el impacto que declaraciones falsas podrían tener sobre la confianza de los consumidores en el trabajo de los agricultores. No obstante, para utilizar la Huella Ambiental de Producto (HAP) como metodología propuesta por esta Directiva, habría que adaptarla a las especificidades del sector agrario y forestal. Algunos sectores ya han tenido sus primeras experiencias con el desarrollo de Reglas de Categoría de Huella Ambiental de Producto (PEFCR, por sus siglas en inglés) para productos agrícolas y hortícolas (por ejemplo, frutas y verduras, lácteos, piensos, pasta, flores y plantas, vino y cerveza). Sin embargo, no todos han tenido éxito y, en todo caso, es necesario acometer importantes mejoras que atiendan a la diversidad de nuestros sectores.

Además, el CPA-COGECA considera que la propuesta debería permitir el uso de metodologías alternativas para fundamentar afirmaciones ecológicas y permitir que las etiquetas nacionales las cumplan puedan seguir operativas. Es crucial para salvaguardar los años, a veces décadas, de inversiones realizadas por la comunidad agraria y forestal en ciertos esquemas y etiquetas ambientales que han demostrado ser confiables, científicamente sólidos e integrados en el mercado.

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