La industria cárnica atraviesa desde comienzos de año una difícil situación como consecuencia del encarecimiento continuado de las materias primas y el incremento sin precedentes, de los costes de energía y resto de insumos.

El estallido del conflicto entre Rusia y Ucrania no ha hecho más que acrecentar esta espiral alcista de precios, alcanzándose tasas de dos dígitos que no se habían visto en España desde antes del ingreso a la Unión Europea. Y resulta muy probable que aún no se haya tocado techo en los precios de combustibles y electricidad, entre otros.

Desde ANICE se recuerda que solo en lo que respecta a los costes energéticos, este año la industria cárnica pagará un total de 1.494,8 millones de euros, con una subida del 344% con respecto a 2019.

Y ahora en este complejo contexto, se suma una nueva amenaza, la entrada en vigor del Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables el próximo enero, según se establece en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados, cuyo impacto para la industria alimentaria se estima en 690 millones de euros.

Además, hay que tener en cuenta que el proyecto de Real Decreto de Envases y Residuos de Envases elevará el coste de la industria en otros 5.000 millones de euros, poniendo en serio peligro la supervivencia de alrededor de 2.400 compañías y más de 25.000 empleos.

Por todo ello ANICE se suma a la petición de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y solicita que se retrase la entrada en vigor del Impuesto a los envases de plástico no reutilizables, así como que no adopte ninguna medida regulatoria o fiscal que añada más cargas y costes a las empresas en momentos tan difíciles.

La mayoría de los estados miembros no han optado por medidas fiscales en la legislación de economía circular, a excepción de Italia que lo reguló antes que España.

Sin embargo, y se debería tomar ejemplo, el país ha ido posponiendo la entrada en vigor de este impuesto en sucesivas ocasiones, consciente de la situación económica actual.

Además, la normativa española va más allá de lo que exigen las directivas europeas y eso coloca a las empresas españolas en inferioridad de condiciones ante sus homólogas del resto de la UE.

Por otra parte, no hay suficiente disponibilidad de material plástico reciclado de calidad alimentaria para poder cumplir los requisitos que establece la Ley.

La industria cárnica está comprometida con la sostenibilidad. Y así, el pasado año ahorró 48.952 toneladas de CO₂ gracias al reciclado de sus envases, e implementó un total de 269 medidas de ecodiseño para mejorar la sostenibilidad de sus envases, lo que supuso un ahorro de 727.444 kilogramos de materias primas, 1.284.654 metros cúbicos de agua y 17.809 Mw de energía, según los datos facilitados por Ecoembes. 

El presidente de ANICE, Alberto Jiménez ha manifestado su preocupación. “En circunstancias como las actuales, las empresas no pueden asumir más costes y por tanto solicitamos a nuestro Gobierno que sea sensible a esta situación y retrase la entrada en vigor de este impuesto que, de implementarse ahora, agravará una situación de especial incertidumbre donde las empresas luchan por su supervivencia. Es momento de ayudar y de no poner más trabas”.