La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) advierte que las facturas de los regantes se han incrementado de forma desmesurada duplicando a las del ejercicio anterior a consecuencia de las subidas de precio en las renovaciones, de forma que una entidad de riego que gastaba 7.700 euros en el mes de junio de 2021, en 2022 ha tenido que pagar 14.500 euros por el uso de la misma cantidad de agua, de los cuales 2.000 euros corresponden al cargo adicional derivado del tope al gas.

Tal y como ya denunció recientemente esta organización, la decisión del Gobierno de establecer un tope al coste del gas, con el objeto de rebajar la factura de la luz, implica que las centrales generadoras de electricidad que emplean esta fuente no pueden repercutir sus costes reales en la energía que ofertan al mercado, por lo que se les tienen que compensar por ese desfase, que es variable de forma horaria. La organización agraria señalaba que lamentablemente quién asume ese coste adicional son los contratos indexados, los de PVPC (precio voluntario de pequeño consumidor) desde el 15 de junio de 2022 y todos aquellos contratos con precios fijos que se hayan firmado por primera vez o se hayan renovado a partir del 26 de abril de 2022. Se trata de un sobrecoste que se aplicará hasta el 31 de mayo de 2023.

Este incremento desorbitado en los costes de producción se une a la dramática situación que vive el campo valenciano de crisis de precios. Por ello, el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, señala que “esta medida es positiva para una parte de la población, pero ahoga aún más a los regantes, ya que está significando un nuevo sobrecoste y por tanto es insostenible”. AVA-ASAJA exige de forma urgente al Gobierno la aplicación de medidas fiscales que resulten verdaderamente eficaces para aliviar la escalada de los costes de producción, tales como la aplicación de la doble tarifa eléctrica para el riego, bonificaciones en la factura del gasóleo y de los fertilizantes, tal como se recoge en la Ley de la Cadena Alimentaria, así como una reducción fiscal en los productos fitosanitarios.