Mientras los precios caen en el campo hasta un 50%, en los supermercados suben vertiginosamente, con variaciones al alza que oscilan entre un 25 y 40%. Este hecho, unido a la actual crisis que ha disparado los costes de producción, deja un escenario cuanto menos preocupante para el agricultor que, al no poder cubrir sus gastos, se plantea cultivar una menor superficie o incluso no sembrar algunas frutas y verduras.

El presidente de la organización agraria alicantina, José Vicente Andreu, está convencido de que detrás de la evidente subida de precios existe una clara especulación por parte de las grandes cadenas de alimentación y los intermediarios, que buscan enriquecerse aprovechando la actual tendencia inflacionista; como el agricultor no encuentra salida a su producción, hay menos fruta en el mercado, y por ello los supermercados están utilizando el precio como una barrera para controlar la demanda. En definitiva, “se ha desatado una especie de tormenta perfecta en la que sacar tajada a costa de agricultores y consumidores de una manera desleal y vergonzante”, advierte.

En este sentido, ASAJA Alicante explica que el diferencial entre el precio cobrado por los agricultores y el pagado por el consumidor ha alcanzado unos niveles alarmantes que se sitúan en torno al 1000% -cuando normalmente son del 300%-, lo que provoca inevitablemente un desplome en el consumo de fruta. De hecho, el 62% de los consumidores reconoce que ya ha modificado sus hábitos de compra, y uno de cada cinco admite que ha dejado de comprar alimentos frescos como la carne, el pescado, las frutas y las verduras”, según ha informado recientemente la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Además de la naranja, en concreto de la variedad alicantina “Navelina”, cuyo diferencial entre lo que se paga por un kilo de ellas en el supermercado y el campo alcanza el 1.900%, nos encontramos con el caso de la fruta de verano. Es el ejemplo de la sandía, uno de los productos más mencionados en los últimos meses por su subida de precio: el agricultor recibe de media 0,36 euros por kilogramo, una cifra que llega a los 0,93 euros en la fase de los intermediarios y que aumenta hasta los 2,20 euros en las cadenas de distribución, lo que supone una diferencia entre el origen y el final de la cadena de un 611%. 

En este sentido, ASAJA Alicante insta al Gobierno el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria,  a través de sus administraciones competentes, y denuncia los abusos que se están cometiendo y que llevan a muchos agricultores a no poder cubrir sus gastos, dejándoles totalmente desprotegidos ante la posición de dominio de otros eslabones de la cadena. “No basta con prohibir la venta a pérdidas, se deben de proveer los medios para perseguir y sancionar a quienes incumplen la normativa”, señalan.