El ministro de Agricultura, Luis Planas, presentó ayer al Consejo de Ministros de Pedro Sánchez, el informe sobre el Plan Estratégico de la Política Agraria Común en España 2023-2027, una vez que la Comisión Europea ha autorizado que se le envíe, paso previo a su aprobación formal en las próximas 6 semanas. España es uno de los cinco países que ha conseguido estar en este primer paquete de planes nacionales autorizados, junto a Francia, Polonia, Portugal y Dinamarca.

Este Plan tiene que transponerse a la normativa española, por lo que el Ministerio está trabajando en nada menos que 18 reales decretos y una ley, que ya se encuentra, por el trámite de urgencia, en el Congreso de los Diputados para que la nueva Política Agraria Común entre en vigor el 1 de enero de 2023.

La PAC es una red de seguridad para agricultores y ganaderos, pero también para toda la población. Hasta 2027, más de 680.000 agricultores y ganaderos recibirán el apoyo de la PAC, que se traduce en unos 7.200 M€ anuales, con la cofinanciación estatal y autonómica.

El Ministerio ha elaborado un documento resumen del PEPAC, que se puede consultar aquí.

Principales medidas

Para jóvenes agricultores que deseen iniciar una actividad agraria por primera vez, el plan reserva aproximadamente 230 M€ anuales (96 M€ al año del pago complementario de las ayudas directas para jóvenes y 135 M€ de los fondos de desarrollo rural destinados a impulsar la primera instalación), cuyos importes podrán alcanzar hasta 100.000 euros por beneficiario.

Una novedad es la inclusión del enfoque de género. De esta forma, las mujeres que se instalen al frente de una explotación agraria percibirán un 15 % adicional en el complemento de la ayuda a la renta que reciben los jóvenes.

Esta PAC tiene un marcado componente medioambiental. España destinará un 43 % del presupuesto de la PAC -47.724 M€ entre 2021-2027- a medidas climáticas y medioambientales, en línea con el Pacto Verde Europeo.

Por ello, en esta PAC jugarán un papel determinante los conocidos ecoesquemas, finalmente denominados ecorregímenes, que se aplican por primera vez, y que son ayudas por llevar a cabo de manera voluntaria prácticas agrícolas o ganaderas beneficiosas para el clima y el medio ambiente. Están diseñadas para que tengan una amplia acogida y para que su efecto ambiental sea mayor. Así se incluyen prácticas como el pastoreo extensivo, el mantenimiento de pastos, las rotaciones de cultivo, la agricultura de conservación, las cubiertas vegetales o las superficies destinadas a la biodiversidad.

En la concesión de las ayudas de directas (unos 4.828 millones de euros al año) se aplicarán criterios redistributivos, que beneficiarán a explotaciones medianas y pequeñas, que afectarán hasta el 10 % del importe de la ayuda a la renta. Se  reducirán los pagos de manera progresiva para los que reciban más de 60.000 euros al año y se limitando la ayuda máxima a un tope de 200.000 euros al año por explotación.

Además de las ayudas directas y los programas sectoriales (hortofrutícolas o vitivinícolas), dotados con 582 millones de euros, el Plan Estratégico recoge las intervenciones de desarrollo rural. Se reúne por tanto en un único Plan lo que antes se recogía en 17 Programas de Desarrollo Rural (PDR) autonómicos y PDR estatal.

El gasto público total anual de las medidas de desarrollo rural suma 1.762 millones de euros (presupuesto comunitario más cofinanciación estatal y autonómica). Las principales medidas que se financian anualmente con cargo a los programas de desarrollo rural autonómicos son:

•      740 millones de euros para inversiones en modernización de explotaciones, industrias, regadíos sostenibles, forestales, etc. Cabe destacar que el 44% de este presupuesto será para inversiones con fines ambientales.

•      370 millones de euros para los agricultores que asuman compromisos ambientales de carácter plurianual, de los que 170 millones de euros se destinarán al apoyo a la agricultura ecológica.

•      160 millones de euros para el fomento de iniciativas de carácter local (denominados programas LEADER), a los que se destina el 10 % del presupuesto del desarrollo rural, el doble del porcentaje mínimo requerido por el reglamento. Con estas ayudas se incentivarán el desarrollo de proyectos impulsados por agentes locales para consolidar el tejido económico y social en el medio rural.

•      140 millones de euros para las explotaciones que desarrollan su actividad en zonas con limitaciones naturales, como las zonas de montaña, y cuyo valor paisajístico y medioambiental es fundamental.

•      135 millones de euros anuales para el establecimiento de jóvenes agricultores.

•      70 millones de euros anuales para medidas de innovación, asesoramiento y formación para acompañar al sector en la respuesta a los retos que debe afrontar, especialmente en materia de transición ambiental.

Además, con el plan se aprueban también las medidas supraautonómicas de apoyo al desarrollo rural, cuya competencia corresponde al Estado, impulsadas por el Ministerio de Agricultura, en las que se refuerzan las líneas de innovación, asesoramiento y formación con casi 20 millones de euros anuales.