L’Associació Catalana de Comunitats de Regants (ACATCOR) denuncia que el nuevo Decreto Ley aprobado para paliar los efectos de la guerra de Ucrania deja desprotegidas las comunidades de regantes catalanas y las infraestructuras de riego ante la implantación de las energías renovables. En concreto, la asociación lamenta que el Gobierno catalán haya eliminado las restricciones que impedían instalar placas solares en zonas de implantación de nuevos riegos o de transformación de los existentes.

El gerente de ACATCOR, Ramon Lletjós, explica que la eliminación de este apartado del Decreto Ley “dará fuerza a los promotores de plantas solares para poner sus instalaciones en terrenos de regadío”. En concreto, el gerente de la asociación detalla que, si bien a la larga las infraestructuras de riego suponen riqueza y prosperidad, requieren una inversión inicial por parte de las personas propietarias de los terrenos, mientras que la instalación de placas fotovoltaicas les supone un beneficio directo sin inversión previa. De este modo, la eliminación de este apartado del Decreto Ley hará que muchas personas propietarias de terrenos potencialmente agrícolas opten para destinarlos a las renovables.

A esta nueva traba legal para el sector del regadío se le suma el hecho que, para instalar infraestructuras de riego, se exige en las comunidades que un 60% de los terrenos próximos a la infraestructura hagan uso de estas. Así, Lletjós alerta que, cuanto más medidas se tomen para incentivar las renovables en el regadío, más hectáreas conreables estarán desaprovechadas y, en las comunidades, los costará mucho más llegar a este coeficiente a partir del cual pueden construir infraestructuras de riego.

El regadío es riqueza y la única vía para evitar el despoblamiento

El gerente de ACATCOR también alerta de la importancia que tiene el regadío para el territorio y de toda la actividad económica que genera, en la medida que ayuda a crear puestos de trabajo y, a la larga, evita el despoblamiento rural. En este sentido, Lletjós lamenta que la apuesta por las energías renovables en zonas de secano en las cuales se había proyectado el regadío las convertirá en zonas degradadas y marginadas, en las cuales, cuando se hayan acabado de construir las infraestructuras, el único trabajo que habrá será el del mantenimiento de las placas solares.

Lletjós lamenta que la supresión de este Decreto Ley no haya sido consultada con la asociación, en tanto que representante de los intereses de las comunidades de regantes catalanas. Igualmente, el gerente de la entidad critica el hecho de que una medida de tanta trascendencia para el sector del agua y el regadío se haya aprobado en el marco de un Decreto Ley para paliar los efectos de la guerra en Ucrania, en vez de hacerse a través de una normativa específica y con un debate previo con todas las partes afectadas.

Una traba para las comunidades, pero también para la Generalitat

Por su parte, el presidente de la Comunidad General de Regantes del Canal Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, explica que la supresión de este apartado del Decreto Ley por parte del Gobierno catalán no solo es un impedimento para las comunidades de regantes y el sector agrícola en general, sino que también perjudica el mismo Gobierno, en la medida que hay muchos terrenos en los cuales ya ha hecho una inversión para la implantación de riego, y que ahora son susceptibles de convertirse en zonas destinadas a las renovables. Es un ejemplo de ello la zona del Segarra-Garrigues, en la cual, si bien todavía no funciona el regadío, la Generalitat ya ha invertido unos 10.000 euros por cada hectárea, en concepto de balsas de riego, redes de captación y cañerías, y las diferentes fincas tienen una concesión de riego.

Las modificaciones en la legislación

El Decreto Ley 5/2022, aprobado el pasado 17 de mayo, de medidas urgentes derivadas de los efectos de la Guerra de Ucrania y de actualización de algunas medidas adoptadas durante la pandemia de la Covid-19, anula la vigencia del Decreto Ley 16/2019, que contemplaba unas determinadas restricciones para que las renovables no se instalaran en zonas destinadas a las infraestructuras de riego. En concreto, la nueva legislación elimina la letra f del apartado 1 del artículo 9 del Decreto Ley, que establecía que, en la elección de un emplazamiento para las plantas solares fotovoltaicas, no se podían elegir zonas en las cuales se hubiera proyectado la implantación de nuevos riegos o la transformación de los existentes