La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) solicita al Parlamento Europeo (PE) que vote, en el marco de la Comisión de Comercio Internacional (INTA) que previsiblemente tendrá lugar la semana que viene, a favor de reactivar la cláusula de salvaguarda del arroz frente a las importaciones de Camboya y Myanmar. La organización agraria se ha dirigido a los europarlamentarios valencianos y españoles para requerirles que respalden la prórroga de este mecanismo arancelario, cuyo plazo de vigencia expiró el pasado 18 de enero, de manera que volvería a aplicarse en 2023.

Según la información facilitada por el COPA-COGECA, donde el tesorero de AVA-ASAJA, Miguel Minguet, ocupa la vicepresidencia del Grupo de Trabajo del Arroz, la Comisión INTA habría llegado a un acuerdo tras intensas negociaciones por el cual los países EBA (Everything but Arms, es decir, Todo menos armas) como Camboya y Myanmar estarían “incluidos en el mecanismo automático [del arroz], lo que significa que pueden estar sujetos a salvaguardas cuando el valor de sus importaciones supere el 10% del valor de todas las importaciones provenientes de los países GSP” que cuentan con condiciones comerciales preferenciales.

Minguet demanda ahora el voto confirmativo de la Eurocámara con el objeto de reactivar una cláusula de salvaguarda que “castiga la competencia desleal de las importaciones procedentes de países terceros como Camboya y Myanmar, así como la violación sistemática de derechos humanos y la destrucción del medioambiente perpetradas por parte de ambas dictaduras asiáticas”.

El dirigente agrario no solo urge a reinstaurar los aranceles y a extenderlos al arroz japónica o redondo –el tipo de arroz cultivado en la Comunitat Valenciana y que fue excluido de la anterior cláusula de salvaguarda– sino que, a raíz de los recientes ataques de Camboya y Myanmar al sistema democrático y a las minorías étnicas, amplía la reivindicación para exigir la suspensión de todas sus concesiones al arroz con destino a la UE, ya que las medidas restrictivas impuestas hasta el momento tan solo se han limitado a personas y empresas controladas por militares.

Por su parte, el responsable de la sectorial del arroz de AVA-ASAJA, José Pascual Fortea, defiende esta demanda reivindicada a través del COPA-COGECA porque “durante su vigencia entre 2019 y 2021 contribuyó a recuperar los precios en origen del arroz comunitario y a garantizar una rentabilidad más digna a un cultivo clave en la preservación de espacios con gran valor ecológico como es el parque natural de La Albufera. No tiene sentido que Bruselas imponga cada vez más obligaciones, limitaciones y controles a los arroceros de casa y, al mismo tiempo, no establezca reciprocidad y complementariedad a las importaciones de fuera”.