La Junta de Andalucía ha puesto en marcha la regulación a través de un Decreto la alimentación saludable y sostenible en centros docentes, sanitarios, sociales, sociosanitarios y dependencias del sector público radicados en Andalucía, cuestión que la Fundación Savia ha demandado en reiteradas ocasiones, pues consideran que es un asunto  “fundamental para promover y fomentar la producción y el consumo de productos ecológicos, de temporada, de proximidad… además de proporcionar salud a la población que los consume”, afirman en la misiva de propuestas que han remitido a la Consejería de Salud y Familias en el periodo de información pública del Decreto.

Savia apunta que los centros públicos son los lugares idóneos para apostar por una alimentación saludable y la puesta en valor del sistema agroalimentario andaluz, con lo que se podría conseguir potenciar el consumo interno de productos saludables y sostenibles con criterios que podrían venir aparejados de riqueza y empleo para el territorio, además de fijar población en las zonas rurales, objetivo que, considera, debe ser prioritario para el Gobierno andaluz.

Entre las propuestas e ideas que quieren que se vean materializadas la organización pide que este Decreto esté alienado con la Ley de Desperdicio Alimentario que se está elaborando en el Gobierno estatal, “así como mejorar la eficiencia de la cadena de valor agroalimentaria, fomentar la relación directa entre productores y consumidores, favorecer la compra pública responsable”.

Además, han solicitado la modificación de la definición de “desperdicio alimentario”; la oferta de recipientes reutilizables para el agua en todos los centros que aborda el decreto; la inclusión de criterios sancionadores en la materia; la posibilidad de adquisición de productos que no cumplan patrones de vistosidad, peso o calibre para reducir el desperdicio alimentario; primacía en la adquisición de productos a las pequeñas y medianas explotaciones agrarias y ganaderías con criterios de sostenibilidad, así como los canales cortos de distribución; fijar una cuota significativa de menús ecológicos; campañas de promoción de fomento del consumo de productos de cercanía, temporada y ecológicos; consonancia del Decreto con la campaña de consumo de frutas en centros escolares; y dotación presupuestaria suficiente que garantice la puesta en marcha y su posterior desarrollo.

Además, piden que se tengan en cuenta los objetivos del Pacto de Milán “que insta a fomentar el desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles que garanticen alimentos saludables y accesibles a toda la población, protegiendo la biodiversidad y reduciendo el desperdicio de alimentos, con criterios de equidad y justicia social”, con la coordinación de las diferentes administraciones para crear una política alimentaria que englobe toda la cadena de valor alimentaria.

La Fundación Savia cree conveniente enfocar las políticas públicas a revertir la situación de nuestro medio rural, favoreciendo la generación de empleo y riqueza, actuando de manera transversal en las políticas de lucha contra la despoblación para lograr un territorio vivo y resiliente que ayude a la mitigación del cambio climático.

Para finalizar, hacen hincapié en que “abordar la mejora de uno de los sectores más estratégicos para las condiciones de vida, el agroalimentario, que nos permita sentirnos orgullosos del legado que dejaremos a las próximas generaciones”, es una cuestión fundamental y un eje que debe ser prioritario para alimentar a la población andaluza del presente y del futuro.