El viernes pasado se convocaron dos manifestaciones de agricultores y ganaderos en la ciudades de Sevilla y Valencia en protesta por los bajos precios. La respuesta fue multitudinaria. Los productores dejaron sus explotaciones, cogieron sus tractores y se fueron a la ciudad a pedir soluciones a la administración y a mostrar al consumidor la dura situación que están atravesando los que todos los días llenan los lineales de los supermercados.

Sevilla

Más de 15.0000 agricultores y ganaderos de toda Andalucía, flanqueados por alrededor de 500 tractores, secundaron el paro agrario y la movilización convocada por ASAJA, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía el pasado viernes. Con la numerosa protesta, que ha superado con creces las expectativas de asistencia iniciales, han dicho “basta” al expolio que sufre el campo andaluz y han exigido medidas políticas y fiscales para salvaguardar la viabilidad del sector.

Bajo el lema ‘La agricultura y la ganadería, una cuestión de Estado’, los miles de manifestantes, llegados de cada una de las provincias andaluzas, y todos ellos profesionales de la agricultura, la ganadería, representantes de cooperativas y de empresas de servicios, han partido desde la explanada del Estadio Benito Villamarín y ha recorrido la Avenida de la Palmera con destino a la sede de la Delegación del Gobierno de Andalucía. Allí,

Las organizaciones agrarias y las cooperativas convocantes de la movilización han exigido con la multitudinaria protesta regional soluciones reales que permitan mantener la rentabilidad de las explotaciones agrarias de la comunidad andaluza recordando que sin agricultura y ganadería, Andalucía no es nada.

La subida de los costes de producción, la competencia desleal de terceros países, la reforma y el Plan Estratégico de la PAC, las novedades laborales y una sequía severa, que asfixia al sector productor desde hace varias campañas, son algunos de los problemas que están comprometiendo el futuro del sector agrario andaluz, una actividad clave para el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales, que crea empleo, fija población al territorio y vela por el medio ambiente.

Productores y cooperativas creen necesario que se articulen medidas urgentes que garanticen precios justos en origen, ayudas por la inasumible subida de los costes de producción, un control exhaustivo y reciprocidad sobre las importaciones de terceros países, que se corrija el Plan Estratégico de la PAC que ataca la competitividad del sector agrario andaluz y le priva de 450 millones de euros, y una política hídrica real y consensuada, acompañada de ayudas e inversiones, que permitan paliar los nefastos efectos de la sequía.

Valencia

La multitudinaria tractorada-manifestación convocada el viernes pasado por todas las organizaciones profesionales agrarias de la Comunitat Valenciana –la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), ASAJA Alicante-Jóvenes Agricultores, La UNIÓ de Llauradors i Ramaders, la Coordinadora Campesina del País Valencià (CCPV-COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos del País Valencià (UPA-PV)–, con el apoyo de Cooperatives Agro-alimentàries y más de cien entidades de la sociedad civil y ayuntamientos, reunió a más de 8.000 personas y 250 tractores en la ciudad de València para reivindicar a todas las administraciones un paquete de medidas que garanticen una rentabilidad digna de las explotaciones agropecuarias.

Bajo el lema ‘SOS: per la supervivència del camp valencià’, la protesta arrancó al amanecer con caravanas de tractores llegadas desde diversas comarcas que colapsaron algunas entradas y causaron largas retenciones de tráfico. En la Plaza de San Agustín, los dirigentes agrarios denunciaron la balanza de la injusticia de los precios comparando cotizaciones que perciben por productos agrarios con el precio de artículos cotidianos: un citricultor cobra por un cajón de 18 kilos de naranjas Navelina lo mismo que cuesta un café, el precio que percibe un viticultor por 12 kilos de uva solo le da para pagar una hora de parking, para comprar una botella de champú un horticultor tiene que vender hasta 37 kilos de cebollas, un ganadero necesita vender 8 kilos de carne de cerdo para reunir el dinero que cuesta una entrada de cine, o un arrocero ha de vender 5 kilos de arroz para adquirir un refresco de cola.

El recorrido finalizó a las puertas de la Delegación del Gobierno, donde se descargaron enormes montones de productos agrarios en crisis. Los encargados de pronunciar la lectura del manifiesto fueron los responsables de las principales organizaciones de consumidores: Vicente Inglada, secretario general de la Unió de Persones Consumidores de la Comunitat Valenciana; Vicenta Alcácer, presidenta de la Asociación de Amas de Casa y Consumidores Tyrius; y Fernando Móner, presidente de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU), quienes subrayaron la alianza entre productores y consumidores.

Las reivindicaciones del sector agrario pasan por garantizar unos precios de los productos agrarios que permitan la sostenibilidad económica de las explotaciones agrícolas y ganaderas, en línea con lo que establece la ley de la cadena alimentaria; el desarrollo normativo de todas las posibilidades de excepción en competencia que permite la PAC; una PAC más mediterránea y que contemple la idiosincrasia de los cultivos de regadío, así como de la necesidad de apoyo a los sectores de secano y de nuestro modelo ganadero sostenible; exigir cláusulas espejo en las producciones agrícolas y ganaderas que se importan de otros países terceros, de forma que existan las mismas condiciones de producción dentro y fuera de la Unión Europea para los alimentos que llegan a nuestros consumidores; y medidas extraordinarias para aliviar la escalada de costes de producción.

La tabla reivindicativa también incluye un nuevo sistema nacional de seguros agrarios adaptado a las necesidades de los agricultores y ganaderos, y no a los beneficios de las aseguradoras; implantar un seguro de costes/ingresos agrarios; puesta en marcha de un Plan de reconversión y reestructuración para los sectores agrarios en crisis; implicación de todas las administraciones, tanto en recursos humanos como económicos, para afrontar las amenazas fito y zoosanitarias actuales, destacando el tratamiento en frío; potenciar la investigación agraria y apoyo a la innovación en explotaciones y empresas agroalimentarias, evitando la prohibición de fitosanitarios sin alternativas eficaces en la lucha contra plagas y enfermedades vegetales.

Las organizaciones agrarias exigieron asimismo una compensación a los sectores ganaderos por los incrementos de costes derivados de las mayores exigencias ambientales y de aplicación de los respectivos Reales Decretos de ordenación sectorial; medidas dirigidas a lograr una convivencia entre el sector citrícola y apícola valenciano, simplificación de los trámites administrativos relativos a las instalaciones agrícolas y ganaderas; eliminar restricciones a la actividad arrocera dentro de los parques naturales; adaptar la Reforma Laboral a las necesidades de las campañas agrarias; rebaja significativa del módulo del IRPF agrario; revisión del Código Penal y aumento de recursos para mejorar la lucha contra los robos en el sector agrario; Ley Emergencia por daños de fauna salvaje; y mantenimiento de los caudales para regadío del trasvase Tajo-Segura, análisis de los recursos hídricos e inversión en obras hidráulicas.

El sector agrario está llevando a cabo movilizaciones en toda España que tendrá su continuidad el próximo 10 de marzo en Alicante y que concluirán el 20 de marzo con una gran manifestación del medio rural valenciano y español en Madrid.