ASAJA de Castilla y León, cuya directiva se reunió ayer en Valladolid, ha rechazado de plano la propuesta del Plan Hidrológico del Duero y apoyado una batería de alegaciones al documento que la OPA ha presentado ante la Confederación Hidrográfica del Duero. El documento recoge varias alegaciones generales y de especial relevancia en cuanto a las posiciones defendidas por la organización en defensa del regadío, del sector agrario y ganadero y del medio rural en su conjunto, así como alegaciones más concretas y particulares a medidas propuestas en el proyecto del Plan Hidrológico.

ASAJA dice “no” a este plan hidrológico diseñado desde los despachos, y trabajaran en un frente común con el resto de las organizaciones, regantes y por supuesto con la Junta de Castilla y León, contra su imposición sin consenso en nuestro territorio. Un territorio en el que hay solo un 15 por ciento de superficie de regadío, cuando la media española está en un 23 por ciento, y en comunidades autónomas con mucha menos capacidad hídrica, como Andalucía, llega al 28 por ciento. Si hoy Castilla y León cuenta con 550.000 hectáreas de riego, en buena lógica el objetivo debería ser alcanzar 850.000 hectáreas, para igualarnos a la media española. Pero la propuesta de PHD propone justo lo contrario.

El principal objetivo del nuevo Plan es reducir el consumo de agua, y para ello la Confederación elije la vía más fácil: ni un regadío más -incluso eliminación de parte de los que hay-, y menor dotación para los ya existentes, en lugar de tratar de ampliar recursos, que es lo que propone ASAJA: una mayor regulación para disponer de más capacidad de almacenamiento.

El segundo objetivo de la propuesta de la Confederación no es otro que recaudar: habrá mayores tasas e impuestos sobre el uso, incluso se sopesa poner precio a la propia agua, algo a lo que se opone de plano ASAJA, que recuerda que los regantes ya financian las propias estructuras. A la vez, el Plan no menciona inversiones en las 120.0000 hectáreas de regadío pendientes de modernizar en Castilla y León, y por supuesto no propone ninguna nueva. También reclama ASAJA que se garanticen las concesiones y usos actuales en regadíos de aguas subterráneas, con las medidas necesarias, como nuevas regulaciones de ríos, inversiones para aumentar el almacenamiento e incluso la recarga de acuíferos.

Pero no es solo el uso del agua, la propuesta del Plan Hidrológico marca severos límites a la actividad agrícola: establece mayores trabas burocráticas y medioambientales en abonados y tratamientos tanto en tierras de regadío como de secano. Para ASAJA, en el Plan la Administración se extralimita al imponer restricciones agronómicas a fincas particulares de forma general, suplantando a la propia administración agraria. Además, en determinadas masas con problemas bloquea las concesiones, incluso cuando se trata de volúmenes menores, lo que significa impedir de plano la instalación de cualquier pequeña agroindustria o explotación, demostrando muy poca sensibilidad con el problema de la despoblación rural, tal como denuncia ASAJA.

Por último, el proyecto del Plan propone la eliminación progresiva de medidas de contención de los ríos: la Confederación opta por la mínima intervención, es decir, que los cauces se “autorregulen” por sí mismos. Algo a lo que se opone frontalmente ASAJA; “porque las estructuras de protección de los cauces siguen siendo imprescindibles para reducir los efectos de las grandes avenidas por tierras de cultivo y poblaciones. Es más, pedimos justo lo contrario, una mayor limpieza de los cauces para evitar inundaciones”.

Y todo esto lo quiere hacer el Ministerio de Transición Ecológica a cuenta de otros, porque de los 2.743 millones presupuestados para el plan, piensa asumir apenas la novena parte. El resto, que paguen a escote la UE, las comunidades autónomas, las entidades locales y, por supuesto, los propios regantes.

Desde las primeras propuestas del plan que regulará los usos de la cuenca principal de nuestro territorio, “ASAJA expresó sus críticas y votó en contra, casi siempre en soledad, porque ya se veía que la Confederación apuntaba al regadío como un enemigo a batir. Un temor que ahora se ha confirmado”, señala Donaciano Dujo, presidente de la organización profesional agraria. En otras circunstancias, “podríamos creer que la Confederación está marcando unos máximos sobre los que, tras escuchar a los afectados, y el sector agrario lo es en principal medida, negociaría unas medidas sensatas, que permitieran la sostenibilidad del recurso y la continuidad de su uso. Pero en este momento solo podemos temer lo peor, puesto que el ministerio del que depende el organismo de cuenca está liderado por el equipo más radical que hemos conocido, con Teresa Ribera al frente”.

Para ASAJA, tratar de debilitar el regadío en Castilla y León revela el profundo desconocimiento de la realidad de nuestras explotaciones, que soportan un grave problema de rentabilidad, y para las que el regadío es una promesa de sostenibilidad y futuro, como se prueba en que son precisamente los núcleos con regadío en los que se asienta más población joven: dos de cada tres de los jóvenes que se incorporan a la agricultura lo hacen en explotaciones de regadío. Eso sin olvidar los problemas de abastecimiento de alimentos que implicaría mermar la superficie de regadío, justo la más productiva.