LA UNIÓ de Llauradors propone el establecimiento de nuevas tarifas eléctricas para el sector agrario que permitan adecuar la contratación a las puntas de la estacionalidad del uso de la energía para las comunidades de regantes, SAT’s o para las pymes agroindustriales y cooperativas.

La espectacular subida del precio del kilovatio/hora de más de un 34% en apenas un año, sin contar ni siquiera con los impuestos posteriores, provoca un grave problema en uno de los costes de producción más importantes para los agricultores. En este sentido, LA UNIÓ indica que un aumento del precio del riego como el que se está experimentando en los últimos meses recae sobre las rentas de las personas productoras y sobre la competitividad de las explotaciones y por ello aboga por presentar propuestas en positivo que considera perfectamente asumibles.

Así, la organización agraria propone así mismo que se autorice la posibilidad de que las entidades de riego puedan realizar dos cambios de potencia al año según las necesidades de riego en cada momento, tal y como se permitía con la tarifa especial de hace unos años. La normativa permite este año aún realizar dos cambios de potencia a causa de la modificación tarifaria aprobada, pero a partir del próximo año únicamente se podrá realizar una modificación anual.

También insta a que las comunidades de regantes o explotaciones agrícolas con pozos no tengan que pagar la potencia contratada a la compañía eléctrica de turno durante los periodos estacionales en los que no hagan uso del agua, “porque no es la misma casuística la del consumo de la población en general u otros sectores que la de la agricultura”.

LA UNIÓ propone del mismo modo que se efectúen campañas informativas desde las Administraciones Públicas entre las comunidades de regantes y sus socios para trasladar todas las novedades y analizar la viabilidad de las ayudas existentes a la inversión en mejoras que reduzcan el consumo de agua e incorporen energías renovables con objeto de reducir el consumo.

Desde el pasado 1 de junio cuando el Gobierno aprobó la modificación total tarifaria eléctrica, las consecuencias para los agricultores son evidentes pues la factura eléctrica se ha incrementado considerablemente. Se ha pasado de 3 a 6 periodos horarios, establecidos con un criterio arbitrario que perjudica gravemente al sector, penalizando sobre todo en los meses de julio y agosto que es cuando más demanda de agua existe.