Septiembre y el inicio del curso agrícola han empezado de forma convulsa para los agricultores. Unos profesionales que, a pesar de los duros momentos vividos por la pandemia y como esenciales que son, han estado a la altura y han cumplido lealmente con la sociedad, garantizando el suministro de alimentos básicos en un año de máxima dificultad. Y es que, a la lista de problemas que ya teníamos: el momento de gran incertidumbre por la crisis sanitaria que aún hoy padecemos; los recortes continuos al Trasvase Tajo-Segura que cada mes propina la ministra para Transición Ecológica; la incesante entrada de productos de terceros países; las mayores exigencias medioambientales por parte de la UE; un incremento de los costes de producción como consecuencia de la subida de precios de luz, carburantes, abonos, fertilizantes… mientras los precios en origen siguen siendo bajos o muy bajos para muchos cultivos… se nos une la última estocada por parte de un Gobierno que no nos propina puntada sin hilo: la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La gota que ha colmado el vaso.
Una subida que se ha llevado a cabo de forma unilateral, eso sí, con la complicidad de los sindicatos, y sin contar con el consenso necesario de los que realmente proporcionan el empleo en nuestro país, los empresarios. Una subida que lleva aparejado un crecimiento encadenado de los costes de cotización a la Seguridad Social, así como de los costes indemnizatorios. Una subida cuyo recorrido no termina aquí, pues ya se está trabajando en una de mucho más recorrido para los próximos dos años. Todo ello, cuando las mutuas ya nos informan de que partir de este 1 de octubre se incrementará en un 20% el valor económico de las sanciones por motivos laborales, y, además, corre el rumor de que está a punto de aprobarse una reforma de la contratación temporal que va a penalizar gravemente a los empresarios agrarios, obligándoles a que prácticamente toda su contratación sea indefinida, lo que incrementará los costes extintivos notablemente.
Por su puesto, que vaya por delante que desde ASAJA siempre hemos defendido el diálogo social y hemos trabajado en la búsqueda de consensos y la negociación colectiva. Apoyamos la evolución hacia una mejora de las condiciones salariales de los trabajadores del campo, pero lo que no puede ser es que esta subida vuelva a recaer íntegramente en el eslabón más débil: el productor, para el que, en la coyuntura actual, es absolutamente inasumible, pues llega en un momento de grave crisis de rentabilidad debida fundamentalmente a los bajos precios en origen y a los altos y crecientes costes de producción, y en un momento en el que la aplicación de la nueva reforma de la PAC traerá aparejados importantes recortes en las ayudas que reciben los profesionales de la agricultura.
¿Cómo pretende este Gobierno que sin rentabilidad paguemos salarios más altos? Consideramos que una subida del SMI debe ir vinculada inexorablemente de las reformas legales pertinentes que obliguen a la Gran Distribución a pagar precios por encima de los costes de producción, garantizando la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas. Por ello, entendemos que esta reforma del salario mínimo debiera ir aparejada de una trazabilidad y de unas reformas legales que impidan la venta a pérdidas, que exijan precios justos, con medidas de apoyo al sector, como son los incentivos fiscales a la contratación, fórmulas de apoyo financiero directo que cubran el incremento de los costes laborales asociados a la subida del Salario Mínimo Interprofesional o cuotas para los autónomos más bajas, porque no debemos olvidar que desde el 1 de junio se ha estado incrementando la cuota de autónomos, congelada por motivos de la crisis sanitaria. Un escándalo que no tiene nombre.
Chocamos una vez más contra el muro rígido e infranqueable que es este Gobierno, el cual no deja de alardear sobre propugnar el dialogo social y el consenso, pero toma decisiones de forma unilateral, a espaldas de los agentes implicados, como quitarnos el agua del Tajo-Segura cada mes en pleno inicio de la temporada de las frutas y verduras de otoño-invierno, o subir el SMI cuando estamos vendiendo por debajo de costes.
Lejos de unas mejores condiciones laborales, lo que implicará esta subida del SMI es poner en peligro la viabilidad de muchas explotaciones; destruir empleo en el sector; reducir las oportunidades y, por supuesto, repercutir en el coste final. Es más que probable que en los próximos meses se produzca una importante subida de los productos del campo para los consumidores, pero no para los agricultores. Toda la cadena de distribución aplicará su incremento de costes, todos, menos lo agricultores, que no podrán repercutir dichos incrementos, pues a ellos los precios le vienen impuestos por los más fuertes…
Por supuesto, aumentará el riesgo de abandono de aquellos cultivos con mayor necesidad de mano de obra (viña, olivar, hortícolas, frutales…), conduciéndonos a una destrucción del tejido productivo en las zonas rurales, de interior o montaña, aquejados ya seriamente por el despoblamiento y el abandono.
Hola.
Aqui con la dinámica que estamos creando, los trabajos que generan poco valor añadido van a ir desapareciendo rápidamente, y los trabajadores que los vienen realizando deberan pasar a cobrar subsidisios para poder vivir porque nadie les va a dar trabajo alguno.
Y aquellos que empiezan la vida laboral y son poco productivos (a todos nos ha pasado), pues lo mismo.
Ya iremos viendo.
Y vuelta la burra al trigo.
Lo comentábamos el otro día al hilo de otro artículo de opinión de ASAJA en relación al salario mínimo interprofesional y lo volvemos a repetir.
Antonio Garamendi (presidente de la CEOE, que se levanta al mes 34 salarios mínimos juntos) dice que no es el momento de subir 15€ el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que ahora se queda en 965€.
Dice que subiendo esos quince euros habrá más economía sumergida y más fraude.
Dice que “los empleadores de trabajadoras del hogar tendrán que hacer un esfuerzo adicional para mantenerlas en casa”, porque “el cumplimiento del salario mínimo llevará a un aumento del salario por hora de este colectivo de empleadas que se traducirá en menos horas de trabajo”.
Las comparaciones son odiosas, pero …
37.121 € (equivalentes a 14 pagas de 2.650 € o 2’75 veces el nuevo SMI) es lo que ganó en 2020 un agricultor o ganadero a tiempo completo, según el MAPA. Se ofrecen en el informe cifras por Unidad de Trabajo Año, que se podría equiparar a la renta obtenida de media por alguien ocupado en la agricultura o la ganadería durante todo un año a tiempo completo. En este caso se estaría hablando de una cantidad de 37.121 € y el aumento respecto a la cifra del 2019 seria, ni más ni menos, que del 13,8% (el SMI aumenta un 1,58%).
Por lo menos, en esta serie de artículos los de ASAJA se definen y denominan como lo que son: “empresarios” (y no como “sindicato”).
El parecido con las declaraciones del presidente de la CEOE son absolutas.
Además, como unos “empresarios” de los más “buitre”.
Parece que la rentabilidad de las explotaciones (de aquellos cuyos intereses parece representar el autor del artículo) se basa en los bajos salarios de sus trabajadores (lo que se diría “explotarlos”)
Nota 1: Si su rentabilidad se pone en riesgo porque sus trabajadores contratados cobren 15 € más o menos al mes (210 €/años), esto significa que en sus explotaciones tienen muchos “trabajadores contratados con sueldos bajísimos” (ni tan siquiera mileuristas)
Nota 2: ¿Podremos calificarlos de “agricultura familiar” o más bien de “agricultura industrial”? ¿se trata de “agricultores” o más bien de “industriales agrarios”?
Y nos dicen que son algún día tendremos que hablar de que entendemos por “agricultura familiar”
Parece que no has entendido nada , o que solo quieres entender lo que te interesa. En el artículo se expone el problema de incremento de todas las materias primas, del agua, de la energía y la competencia desleal de terceros países con costes de producción infinitamente menor con salarios de miseria. Y la hipocresía de las cadenas comerciales que a los agricultores europeos se lo exigen todo y a los de países terceros, nada. Parece que no te importe que en países terceros los trabajadores sean explotados por multinacionales que traen aquí sus productos a precios bajísimos.
Yo no entiendo de contabilidad agraria, pero las pequeñas y medianas explotaciones tienen rentabilidades muy bajas.
Casi siempre tras descontar los gastos, amortizaciones y otros gastos indirectos, ¿que le queda al ganadero o agricultor(profesional o no profesional) para remunerar sus horas de trabajo?
Pues en muchísimos casos, menos de lo que cobra un trabajador por hora trabajada, aunque cobre el salario mínimo.
Por eso que a nadie le extrañe que la realidad es que lo de emplear mano de obra externa para los pequeños y medianos es inviable en la mayoría de los casos y la alternativa es la mecanización.
En primer lugar, para saber si un negocio da o no beneficios (y cuántos) es preciso llevar una contabilidad clara, es preciso anotar y contabilizar los “ingresos” y los “gastos” (todos).
De esta forma conoceremos cual es la “renta real” (una “renta real” que -como no puede ser de otra forma- será acorde con el “nivel de vida”) de estos agricultores y no solo “una estimación aproximada en base a negociaciones políticas”.
Y después, cotizar y pagar los impuestos de acuerdo con este nivel de “renta real”, al igual que lo hacen el resto de ciudadanos y contribuyentes. Es decir, por el régimen general. Como todos.
Los agricultores pagan sus impuestos como todo el mundo.
Si quieres asociar «agricultor» con «defraudador», mal camino es ese.
La realidad es que la subida del SMI en el campo conlleva más paro y personas subsidiadas.