Esta semana pasada, la organización agraria en la que trabajo, ENBA, conmemoró el 30 aniversario de su fundación y en el acto organizado, además de unas pocas cuestiones internas, se abordó la interminable negociación de la PAC para lo que se contó con la inestimable ayuda de Ignacio López-Asenjo, Director de Asuntos Internacionales de ASAJA, cuya exposición fue complementada con una mesa redonda, donde además de Jorge Garbisu, Director de Agricultura del Gobierno Vasco, participaron los ganaderos Inma Iriondo, pastora, y Mikel Arteaga, vacuno de leche, dando un cierto barniz de realismo, incluso pesimismo, a los planteamientos más generalistas de los expertos.

En el transcurso de su exposición, como no podía ser de otra forma, López-Asenjo abordó la espinosa y problemática definición de agricultor activo (el término “agricultor genuino” ya ha sido descartado antes incluso de su aprobación oficial) que, a la postre, es uno de los filtros que se contemplan para controlar el numero de perceptores de la PAC y a través del cual, se ancha o estrecha la puerta de entrada al sistema. Para que nos hagamos una idea de lo que hablamos, conviene recordar que en Euskadi existen unos 7.800 perceptores con una ayuda media de 3.000 euros, en Navarra 12.600 con una ayuda media de 5.100 euros y en el total del Estado, unos 680.000 perceptores, con una ayuda media de 4.200 euros.

La definición que recoge la propuesta del Ministerio y que al parecer será aprobada en la Conferencia Sectorial a celebrar a mediados del mes de octubre, lo que alguien calificó como la Madre de todas las Conferencias, recoge que se considerará agricultor activo a todo aquel titular que o bien esté dado de alta en el REASS como autónomo o bien demuestre que, al menos, el 25% de sus ingresos totales proceden de la actividad agraria generada en su explotación o, aquí viene la condición más polémica, todo agricultor que haya recibido, al menos, 5.000 euros de ayudas directas al año. Ósea, se prevé una triple entrada al sistema con la que, dicho lisa y llanamente, va a entrar todo pichichi viviente, como hasta ahora, y en definitiva, en este sentido, poco, o casi nada, va a cambiar.

Y todo ello, no olvidemos, en un contexto de una reducción de fondos europeos aproximada del 10%, por lo que es fácilmente prever que, si la olla sacada a la mesa tiene un 10% menos de alimentos y alrededor de la mesa, en el mejor de los casos, tenemos el mismo número de comensales (que crecerá, paulatinamente, con la entrada de nuevos subsectores vía Reserva Nacional), cada comensal va a percibir menor ayuda, sí o sí.

Por otra parte, convendría fijar la mirada en un amplio grupo de personas, los jubilados, que dadas las penosas pensiones que perciben, se ven obligados, más allá del apego a la tierra y a sus animales, a continuar trabajando en su explotación hasta la llegada del día final. Basta con echar una mirada a los datos para caer en la cuenta del drama que nos asola actualmente y que explosionará en pocos años, porque sólo tenemos a un 0,62 % de los perceptores por debajo de los 25 años y un 8,30% entre 25 y 40 años, por el otro extremos, tenemos casi un 40%, exactamente un 38,14% se encuentra ya en edad de jubilación al tener más de 65.

Como comprenderán, ese 40% de los perceptores se aferran a sus derechos (y tierras) como clavo ardiendo, impidiendo, por otra parte, proporcionar una respuesta lógica y proporcionada a todos aquellos otros productores, incluso a los pluriactivos (mixtos, en nuestra jerga), que sí tienen actividad y suponen un gran porcentaje de la producción, de la economía y una mayoría de las tierras gestionadas a través de la actividad. Obviamente, ese 40% conformado por miles de agricultores mayores suponen un importante granero electoral para determinadas fuerzas políticas y, lógicamente, sabedores ellos de su fuerza, presionan hasta la extenuación, bien sea pública bien privadamente a los políticos más cercanos para que no los dejen en la estacada, lo cual, dicho sea de paso, impide que haya políticos valientes que cojan al toro por los cuernos. 

Ahora bien, dicho lo anterior, no es menos cierto que la solución a esta cuestión, además de compleja, trasciende y supera al ministerio agrícola por lo que, urge una solución interministerial, intergubernamental e interpartidista que aborde la problemática desde un prisma multisectorial, acabando así con la situación actual donde las ayudas agrarias europeas, al menos en este 40%, cumplen más fines sociales que agrarios. Ya lo decía un político, cuyo nombre me reservo, que la PAC no podía ser una especie de RGI (algo parecido al IMV que quieren implantar en el Estado).

No obstante, no quisiera que los jubilados agrarios fuesen concebidos, única y exclusivamente, como un problema cuando no es menos cierto que son ellos lo que atesoran una sabiduría y un saber hacer que muchos de nuestros jóvenes desconocen, y mirándolo por el lado práctico, son estos jubilados los que tienen en sus manos las tierras, maquinaria, cuadras, etc. que debieran ser transmitidas a aquellos jóvenes que quisieran adquirirlas para trabajarlas pero, para ello es más necesario que nunca un programa público de transmisión que, paradójicamente, no figura, ni en los objetivos ni en los planes estratégicos que han pasado por mis manos.