ASAJA estima que la campaña vitícola 2021/2022 será de unos 39 a 40 millones de hectolitros, lo que supone una reducción de un 15 % sobre la cosecha de la campaña precedente que fue de 46,49 millones de hectolitros y sobre un 10 % menos sobre la media de las tres últimas campañas.

La bajada de producción se produce en las zonas con mayor superficie vitícola como son  Castilla-La Mancha, donde  la merma se ha estimado en  un 15 % respecto la campaña pasada, y  Extremadura, con un 20 % menos de producción respecto  a los 2,8 millones de la última vendimia. Esta merma productiva se debe, fundamentalmente, a los efectos causados por la borrasca Filomena, que provocó importes daños en madera y yemas de las viñas en las principales zonas vitícolas. A estos daños debemos sumar los provocados por las posteriores heladas de primavera y los daños por pedrisco.

Respecto a la  situación  del mercado del vino, actualmente hablan de relativa mejoría si se compara con la pésima situación derivada de la pandemia, sobre todo en lo que afecta a la primera mitad de la campaña. En esta  mejora del mercado influyen  una serie de factores como son la reducción de producción de Francia e Italia por los graves daños causados por las heladas de primavera;  el  incremento del consumo  por la apertura del canal HORECA y el aumento de las exportaciones, impulsado, en cierta medida, por la supresión de los aranceles de Estados Unidos.

Se constata, por parte de la sectorial de ASAJA, que la retirada de vino de bodegas y cooperativas, desde el ecuador de la campaña, se está realizando a buen ritmo, según contrato, eso sí a precios bajos  pactados a principio de campaña. Todo hace pensar que los stocks de vino y mosto  a final de campaña sean ligeramente superiores al cierre de la campaña pasada, que se situaron en los 36,6 millones de hectolitros.

De cara a los precios de la uva para la próxima vendimia, desde ASAJA se reclama a los operadores del mercado responsabilidad y profesionalidad, para que éstos sean acordes a la baja producción estimada y a la reactivación que está experimentando el mercado. Consideramos que en la formalización de los contratos  de compra-venta los precios deben ser, en cualquier caso, superiores a los costes de producción tal y como se recoge en la Ley de la Cadena Agroalimentaria y  exigimos a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) que vele por el cumplimiento de la Ley.