El artículo 52 del Reglamento 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, recoge un tipo de ayuda directa –proviene de fondos europeos– por cada vaca de leche, con el objetivo de garantizar la viabilidad económica de dichas explotaciones ganaderas.

Se especifica que los animales por los que se tendrá derecho a ayuda son aquellas hembras de la especie bovina de aptitud y raza láctea, con una edad igual o mayor a 24 meses el 30 de abril del año de solicitud. Asimismo, tendrán que haber estado presentes en la explotación en las cuatro comprobaciones realizadas del 1 de enero al 30 de abril, también del año de la citada solicitud.

El importe unitario en las zonas peninsulares que no son de montaña –ahí encajaría la localidad de Caparroso– supone unos 129 euros para las primeras 75 vacas, y 64,5 euros, para el resto.

En la campaña 2019, Valle de Odieta,  propietaria de la macrogranja ubicada en Caparroso, recibió por esta ayuda la cantidad de 341.983,73 euros (dato público y disponible) que, según nuestros cálculos, se corresponden con 5.077 vacas. Ese año, dicha empresa contaba con una autorización para estabular 3.500 animales, una cifra sensiblemente menor, señalan desde EHNE-Nafarroa.

La primera contradicción salta a la vista, ya que ha estado cobrando por bastantes más vacas de las que su autorización le permitía tener. Y desde EHNE-Nafarroa nos preguntamos, ¿ningún estamento del Gobierno de Navarra o el FEGA se ha dado cuenta de ello?

Sin embargo, la contradicción principal no está en la cuantificación de la ayuda, sino en que este tipo de empresas reciban ayudas que se justifican en el riesgo de abandono de la actividad ganadera. Son precisamente estas macrogranjas las que provocan ese efecto que se pretende perseguir, pues su existencia trae consigo el abandono de explotaciones familiares que, con su actividad, mantienen el tejido poblacional de las zonas rurales y ralentizan su despoblamiento.

Su afección no solo se extiende a Navarra, sino que perjudica también a otras importantes áreas del Estado español, dado que el coste unitario de cada litro de leche que produce es inferior a las explotaciones de menor tamaño. Siendo así, ¿es justificable que estas explotaciones reciban este tipo de ayudas?

Como muchas veces sucede en los reglamentos europeos, la motivación original es buena, pero el hecho de que no haya establecidos unos límites claros en el articulado permite que estas empresas puedan beneficiarse de estas subvenciones. En definitiva, se permiten el lujo de materializar el consabido refrán de «Hecha la ley, hecha la trampa».

Este artículo 52 señala que cualquier ayuda asociada concedida será coherente con otras medidas y políticas de la Unión Europea. Quizás lo sea, pero ¿es coherente conceder esta ayuda a cualquier explotación ganadera? Desde EHNE-Nafarroa, entendemos que no.

Hay que definir un modelo de agricultura y ganadería, cuyas explotaciones se encuentren arraigadas y repartidas a lo largo del territorio. Si la sagrada libre competencia da cobertura a este tipo de macroempresas, las mismas no pueden tener idéntico nivel de ayudas que otras que disponen de menos recursos y compiten en desigualdad con ellas.