Los consejeros de Agricultura de Aragón y Castilla-La Mancha, Joaquín Olona, y Francisco Martínez Arroyo, respectivamente, subscribieron el viernes en Toledo un acuerdo marco entre ambos gobiernos sobre las cuestiones esenciales en la reforma de la PAC 2023-2027. 

Los principales puntos de consenso fueron:

• La desaparición de los derechos históricos de pago para que desaparezca un mercantilismo de compra y venta de derechos para cobrar una subvención..

• Una convergencia total de las ayudas desde el año 2023, de manera que un agricultor, independientemente de dónde esté su explotación, cobre lo mismo por hectárea.

• La reducción del número de regiones agronómicas.

• Un techo de ayuda por explotación.

• Una ayuda redistributiva con un pago extra para las primeras hectáreas que se financiaría aplicando un techo por explotación, limitando las ayudas a las explotaciones más grandes, pero siempre teniendo en cuenta la generación de empleo.

• Apoyo a la ganadería extensiva a través de una concentración de la ayuda asociada, porque con el sistema de pagos por hectárea es muy difícil ayudar a quienes no tienen superficie.

• Apoyo a la agricultura y ganadería familiar y a los profesionales

• Garantizar un eco-esquema de apoyo a la agricultura ecológica de mantenimiento.

• Aplicar un incremento del 5% en los pagos directos a las mujeres.

• Incluir la condicionalidad social (cumplir la normativa laboral) como obligación para poder cobrar las ayudas.

Castilla-La Mancha y Aragón, que ocupan el 25 por ciento del territorio país, siendo regiones muy potentes en cuanto a la PAC, con un total de más de 150.000 perceptores en común, superando los 6,4 millones de hectáreas de superficie solicitada en esta política, y con un sector agrario muy relevante en la economía, donde destaca la ganadería extensiva, con 10.700 ganaderos que día a día moldean el territorio y generan riqueza en ambas regiones.