La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) alerta de que el actual modelo que propone el Ministerio de Agricultura para la aplicación en España de la futura Política Agrícola Común (PAC) correspondiente al periodo 2023-2027 supondría un verdadero descalabro para la agricultura valenciana al contemplar un recorte aproximado del 20% de las ayudas directas en comparación con las percibidas en la actualidad. Según las estimaciones de AVA-ASAJA, de confirmarse la nueva reforma del Gobierno central, los agricultores de la Comunitat Valenciana sufrirían una pérdida de 18 millones de euros cada año en ayudas directas o, lo que es lo mismo, una disminución global de 90 millones durante los cinco ejercicios referidos.
El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, acusa al ministro de Agricultura, Luis Planas, de “impulsar varias modificaciones con una perspectiva fundamentalmente enfocada a la agricultura continental que no tienen en cuenta las particularidades del campo valenciano, ni a sus cultivos, ni a su estructura minifundista, ni a sus métodos de producción respetuosos con el medioambiente. Los textos a los que hemos tenido acceso incumplen las promesas que anunció Planas en su última visita a Valencia como la de que la PAC tendría un acento mediterráneo o la de que todos los productores de frutas y hortalizas por fin accederían a las ayudas directas”.
En primer lugar, la organización agraria rechaza la definición de agricultor genuino planteada por el Ministerio, que establece un umbral mínimo de ingresos agrarios respecto a los totales para percibir ayudas hasta tal extremo que puede dejar fuera de las mismas a unos 25.000 agricultores valencianos, es decir, más de la mitad de los actuales perceptores, de acuerdo a un informe que realizó el propio departamento agrario del Gobierno central en 2017. AVA-ASAJA pide contemplar, en su lugar, la figura de agricultor pluriactivo –propietarios agrarios que tengan otras actividades diferentes y se dediquen al campo a tiempo parcial– para apoyar su contribución socioambiental y su lucha contra el despoblamiento.
En la misma línea, la entidad presidida por Cristóbal Aguado también exige un régimen de pequeños agricultores específico y simplificado, tal como se encuentra actualmente, a fin de evitar más carga burocrática. Asimismo, solicita al Ministerio que no enrede con otros conceptos difusos como la superficie admisible que daría prioridad a los beneficiarios históricos en detrimento de agricultores que nunca antes han recibido ayudas directas de la PAC.
Dos de las medidas estrellas de la política agraria europea, los ecoesquemas y la convergencia, tampoco beneficiarán a los agricultores valencianos de llevarse a la práctica según las directrices del Gobierno español. Por un lado, AVA-ASAJA critica que de los nueve ecoesquemas propuestos en España prácticamente son aplicables de manera generalizada tres en la agricultura valenciana y, además, implican en muchos casos restricciones irrealizables y sobrecostes económicos difícilmente asumibles porque van más allá de la condicionalidad reforzada.
En cuanto a la convergencia planteada a partir de 2023, AVA-ASAJA pide medidas compensatorias para aquellos sectores más afectados, especialmente la ganadería y el arroz, ya que el brutal recorte que se vislumbra, de hasta el 50% respecto al importe de 2019, pone en riesgo la continuidad de las explotaciones. En el caso del arroz, la asociación teme además el tremendo impacto medioambiental que provocaría la medida en el mantenimiento del parque natural de La Albufera, donde el cultivo desempeña un papel clave.
Finalmente, AVA-ASAJA advierte de la incertidumbre que existe respecto a las ayudas incluidas en el segundo pilar de Desarrollo Rural, puesto que la letra pequeña del Plan Estratégico del Ministerio todavía no se conoce.
Es curioso:
ASAJA-Valencia protesta porque para ser considerado “agricultor genuino” se establezca un umbral mínimo de ingresos agrarios respecto a los totales, ya que dejaría fuera a quienes compaginan su actividad agraria (en régimen de minifundio, y mantenimiento de las tierras familiares) con otra actividad económica, y pide que se contemple la figura del agricultor-pluriactivo (propietarios agrarios que tengan otras actividades diferentes y se dediquen al campo a tiempo parcial) para apoyar su contribución medioambiental y su lucha contra el despoblamiento.
Mientras, ASAJA-Nacional y en otras CCAA solicita que para ser poder ser perceptor de las Ayudas PAC haya que ser “agricultor profesional” que cotice a la SS por la actividad agraria y que se dedique en exclusiva a la actividad agraria, eliminando de las ayudas a los “agricultores pluriactivos”.
ASAJA-Valencia solicita que “no se priorice a los beneficiarios históricos en detrimento de agricultores que nunca antes han recibido ayudas PAC”, lo que representaría la desaparición de las “referencias históricas” (es decir, una nueva asignación de derechos ex-novo, un nuevo reparto de las ayudas PAC sin tener en cuenta lo que ahora se viene percibiendo) y la entrada de “nuevas tierras” que nunca han recibido ayudas.
Sin embargo, el ASAJA-Andalucia (junto con otros “sindicatos”) protestan contra la “convergencia” y contra la eliminación de los “derechos históricos” (es decir, abogan por mantener las referencias históricas) y porque “iban a entrar en el reparto de ayudas tierras que no se han dedicado a la actividad agraria” (o que, en su momento, no generaron derechos a sus actuales cultivadores)
Trascribo un comentario que ya hice a este respecto en diciembre de 2020 en este blog.
Expliquemos los efectos de esta medida (la definición de “agricultor genuino” y eliminar a muchos beneficiarios de la PAC), en la concentración de la actividad agraria y de la propiedad de la tierra en pocas manos y, a medio plazo en la despoblación del mundo rural.
Partamos de un dato, como ejemplo (y posiblemente aplicable en otras CCAA y comarcas agrarias):
– En Navarra hay unas 17.000 explotaciones agropecuarias, de las cuales sólo unas 2.500 están gestionadas por ATP’s
– Los ATPs son el 15 % de las explotaciones, gestionan más del 55 % de la SAU de Navarra, con un tamaño medio de su explotación que supera las 65 ha (715 robadas)
– Los Profesionales de la Agricultura (que no llegan a ATP) son otro 15 % de las explotaciones, gestionan alrededor del 20 % de la SAU de Navarra, con un tamaño medio de su explotación algo superior a las 25 ha (275 robadas)
– El resto de agricultores (titulares de explotaciones agropecuarias) representan alrededor del 70 % de las explotaciones, gestionan algo menos del 25 % de la SAU de Navarra, con un tamaño medio de su explotación algo inferior a las 10 ha (110 robadas), pero mantienen una actividad agraria, en su mayor parte gestionan “las tierras familiares” o “las tierras de casa” y están ligados al medio rural.
– No tengo el dato, pero seria interesante, calcular los porcentajes de “Ayudas y subvenciones” (y los importes por hectárea gestionada) que reciben cada uno de estos tipos de agricultor.
Es decir, que si con la definición de “agricultor genuino” (al igual que con la de “agricultor activo” que tantas vueltas dio en la anterior reforma) lo que se pretende es “limitar el número de perceptores de las Ayudas Pac”, resultaría que estos pequeños agricultores que mantienen una actividad agraria y contribuyen a la conservación del medio ambiente, que en su mayor parte gestionan “las tierras familiares” o “las tierras de casa” y están ligados al medio rural, estarían en una situación claramente desfavorable y de “competencia desleal” frente a los calificados como “agricultores genuinos”.
(Pregunta: ¿Estos pequeños agricultores no son, asimismo” “activos” o “genuinos”? ¿Qué son pues?
En consecuencia:
– Ante esta perspectiva, son numerosos los pequeños propietarios que mantienen una actividad agraria, que en su mayor parte gestionan “las tierras familiares” o “las tierras de casa” y que están ligados al medio rural, que se verían obligados a vender o a arrendar sus tierras a los “agricultores genuinos” que si pueden beneficiarse de estas ayudas.
– Lo que conlleva la concentración de la actividad agropecuaria en muy pocas manos.
– Es decir, “se está echando a la gente del campo”, se está echando a gente de la actividad agropecuaria, se les está desvinculando de su territorio y, a medio plazo, se potencia el “éxodo rural” y el abandono de un territorio con el que ya no se mantienen vínculos económicos (¿y “afectivos” hasta cuando? ¿una generación?)
Como medidas de este tipo (dirigidas al mismo objetivo de “limitar los perceptores potenciales de las ayudas” y, por tanto, a “concentrar la actividad agraria en pocas manos” y, en consecuencia, la propiedad) llevan varios años de impulso y ejecución, sus efectos ya son manifiestos.
Basta analizar las estadísticas y datos publicados periódicamente en los que se ve que “a mayor despoblación, mayor porcentaje de ATP”, porque la actividad agraria se concentra en menos manos (como lo comprobamos a diario en las zonas más despobladas)
Es curioso que, tanto el Ministerio como los Departamentos de Desarrollo Rural (o equivalentes) de las CCAA, presenten como algo “negativo” las consecuencias de las políticas que en materia agropecuaria vienen impulsando desde hace años, y que plantee como “solución” a estos efectos supuestamente “negativos” el incremento y potenciación de las políticas que los generan.
Resulta claro que, con estas medidas (entre las que se encuentra la definición de “agricultor genuino” con el objetivo de “limitar los perceptores potenciales de las ayudas”) se está propiciando la concentración y acumulación –no solo de la actividad agropecuaria- sino también la acaparación de la propiedad de la tierra en muy pocas manos.
Lo que conlleva la desaparición de los pequeños propietarios y de las explotaciones familiares que compaginen el mantenimiento de la actividad agropecuaria en las “tierras familiares” o “de casa” con otra actividad económica en el medio rural.
Esta política es totalmente contraria a las directivas de la CE que propugna “la diversificación económica de los agricultores y del mundo rural”.
Pues eso.
No pasara en tu tierra lo que pasa en la mia que es castilla y león que a los que dices que no son genuinos son trabajadores de grandes fabricas o propietarios de negocios que si trabajan las tierras familiares pero pueden pagar rentas por otras tierras que cualquier otro agricultor no puede por lo que si quieren trabajar sus tierras que paguen la seguridad social i trabajen