Ayer hubo Comité Consultivo entre las CCAA y el Ministerio de Agricultura. A continuación se recogen algunas de las peticiones formuladas por las CCAA. Esta noticia está elaborada con las notas de prensa que ayer publicaron las CCAA en sus webs. Las CCAA que no están incluidas no tenían publicada ninguna nota ayer:

Andalucía

Ha solicitado flexibilidad suficiente en los Reglamentos europeos para que todos los pagos directos desacoplados (pago redistributivo, ecoesquemas y regímenes de pequeños agricultores y jóvenes agricultores) se calculen en función de un porcentaje del valor de los derechos de pago básico de cada agricultor. Además, ha demandado apoyo financiero a los productores ecológicos, tanto a través de las medidas agroambientales como en el marco de los ecoesquemas de la nueva PAC.

Asimismo, ha pedido mecanismos de mercado y gestión de crisis eficaces (como agilizar intervención y actualizar los precios), aplicar el principio de preferencia comunitaria y una condicionalidad de las importaciones a las mismas exigencias que se imponen a los productores europeos.

Aragón

Ha defendido que el Plan estratégico español tiene que hacer posible que los agricultores que más dependen de la agricultura y que más contribuyen a su mejora social económica y ambiental, cobren más que ahora. Ha reiterado su posición a favor de la eliminación de los Derechos Históricos para contribuir a la desaparición de las desigualdades en los pagos por hectárea .

Cantabria

Ha reiterado la urgencia para las CCAA de conocer las cuantías de los nuevos fondos del Programa de Desarrollo Rural, tanto las correspondientes a la transición como las de los fondos de recuperación, para poder avanzar en el próximo presupuesto.

Ha defendido un apoyo «extra» para determinadas explotaciones familiares en zonas con limitaciones naturales para contribuir a la fijación de población en el territorio, así como pagos por Unidad Ganadera Mayor (UGM), más allá de los pagos compensatorios, para productores de zonas de montaña y ganaderos de leche de la cornisa cantábrica.

A favor de limitar la cuantía de las ayudas, de la flexibilidad en el trasvase de fondos entre pilares, de la revisión necesaria de los importes unitarios en una primera fase de implantación de los planes estratégicos y de cualquier simplificación que se pueda proponer en el sistema de seguimiento de indicadores.

Castilla-La Mancha:

Ha solicitado que el fondo adicional del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) del plan para la recuperación para Europa, se incluya en el actual Programa de Desarrollo Rural, para que pueda ejecutarse en las anualidades 2021-2022.

Las CCAA y el Mapa han consensuado que se va a solicitar en Bruselas que estas ayudas no tengan cofinanciación, lo que implicaría que no exijan una contribución adicional por parte de los Estados Miembros para poder utilizar estos recursos en otras políticas o en las mismas políticas de desarrollo rural, en las actuaciones ordinarias que se están poniendo en marcha en estos momentos.

Castilla y León

A favor de recuperar las tasas actuales de cofinanciación en los fondos Feader para evitar que la financiación europea de cada proyecto para el desarrollo rural se reduzca diez puntos porcentuales, pasando en Castilla y León del 53 % al 43 %”. Esto supondría en Castilla y León, en los términos actuales, perder 425 M€.

Proponen incrementar la financiación global ‘Next Generation’ al Feader (más del 1 %), y que la contribución a los proyectos sea igual para todo ‘Next Generation’ (al 100 %) para no discriminar a las áreas rurales.

A favor de destinar solo un 15% del presupuesto del primer pilar a los ecoesquemas, los cuales deberían ser universales, para que cualquier agricultor y ganadero se pueda acoger a ellos. Apoya que se excluya la agricultura ecológica de los ecoesquemas, ya que ésta requiere compromisos plurianuales y debe encuadrarse en el segundo pilar de la PAC.

Galicia

Apoya una definición exigente de la figura del agricultor genuino y un tope máximo de 60.000 euros de ayuda por explotación. Propone que se puedan incorporar nuevas superficies a las ayudas básicas a la renta, por lo que se acepta la eliminación de los derechos históricos, pero siempre que la alternativa no sea un pago uniforme por hectárea para toda España. Defiende la definición de diferentes “regiones”, con una cuantía distinta de la ayuda básica por hectárea.

Proponen dos ecoesquemas relacionados con el apoyo al incremento de la superficie de pastos permanentes y con la implantación y conservación de sistemas agroforestales.

Islas Baleares

Ha reclamado al Ministerio que priorice el nivel de ejecución actual de los fondos europeos del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020 que ha hecho cada CA, para definir el reparto de los fondos ‘Next Generation’ de la Unión Europea. Esto fondos incluyen una línea denominada ‘De la Granja a la Mesa’ de 7.500 millones de euros en total, de los cuales a España le corresponden 784 millones a repartir entre los territorios.

La Rioja

A favor de la propuesta de la Presidencia alemana de la UE, según la cuál, los Estados miembro podrán reducir el importe de los pagos directos cuando éstos se sitúen por encima de los 60.000 euros. Apoya la posibilidad de flexibilizar financieramente hasta 2027, el límite temporal del programa presupuestario plurianual de la UE.

Murcia

Solicita mecanismos de comunicación y actuación en la UE, que impidan el denominado ‘turismo fitosanitario’, consistente en el cambio continuado de puertos de entrada para eludir el rigor de los controles sobre las mercancías que acceden a la UE desde terceros países.

Propone reforzar aspectos como declarar la descarga obligatoria en determinados puertos de entrada a la Unión Europea, como obligan a hacer otros países (Estados Unidos, Sudáfrica, etc.) o mediante el intercambio o rotación del personal inspector de los distintos puertos.

Asimismo, apoyan el desarrollo de un protocolo de actuación en caso de rechazo de mercancías, priorizando su devolución al país de origen o a otro país no comunitario que acepte esas condiciones fitosanitarias. A favor de reforzar el nivel de control, con el establecimiento de medidas adicionales, como pueden ser la obligación en establecer un tratamiento de frío o la prohibición de importación por parte de la Unión Europea de una determinada zona productora en caso de reiteradas interceptaciones.