Unió de Pagesos se ha reunido con la Federación Catalana de Caza (FCC) para abordar la problemática generada a raíz de la publicación de la Ley 5/2020, de 29 de abril, que ha modificado el importe de las sanciones del régimen sancionador en materia de caza establecido por la Ley española de caza de 1970 . El sindicato comparte el malestar de la FCC en relación con la definición de las infracciones, que es obsoleta y que pueden ser interpretadas de forma diferente, lo que provoca que el sector cinegético se encuentre ante situaciones de inseguridad jurídica, agravadas ahora con el incremento del importe de las sanciones.
Unió de Pagesos pide al gobierno catalán que garantice la seguridad jurídica de los cazadores con una definición concreta y clara de las infracciones: por ejemplo, la definición de las zonas de seguridad y sus exclusiones cuando se trata de caminos y pistas forestales, la señalización correcta de las áreas privadas de caza o la definición de perros sin control fuera del área privada de caza. También solicita que las competencias relativas a la caza y todo lo relacionado con esta actividad, como los perros de caza, deberían depender de un mismo departamento, el de Agricultura.
También insiste en la necesidad y urgencia de trabajar -Gobierno y partidos políticos catalanes- para aprobar una nueva ley catalana de caza, adaptada a las necesidades actuales de gestión de la fauna, que pueda resolver problemáticas como la actual.
Al mismo tiempo, Unió de Pagesos continuará pidiendo al Gobierno y al Departamento de Agricultura que destinen los recursos humanos y económicos necesarios para hacer frente a la gestión de la fauna salvaje para alcanzar unas poblaciones sostenibles ambientalmente y compatibles con la actividad agraria
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