Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos alerta de que los intermediarios ya estarían presionando a los agricultores para formalizar contratos de venta de trigo y de cebada por debajo de sus costes producción, lo que supondría un incumplimiento de la Ley de Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria.

Unión de Uniones insiste en que los cerealistas no pueden asumir más bajadas de precios y piden soluciones al Gobierno para no verse obligados a vender por debajo de coste. Con las modificaciones aprobadas por el Gobierno en la Ley de la Cadena Alimentaria, estos precios deberían estar en todo caso por encima de los costes de producción.

En este sentido, pone en evidencia las presiones que cerealistas de trigo y cebada estarían sufriendo para formalizar contratos de venta de 170€/ton y 150 €/ton respectivamente para los próximos meses, cuando en Navidad se pagaban a 200 €/ton y 180 €/ton, lo que Unión de Uniones considera intolerable y dañino para los productores.

La organización considera que esta situación puede ser un primer test para comprobar la eficacia de las modificaciones introducidas por el Gobierno en la Ley de la Cadena Alimentaria con el Real Decreto-Ley 5/2020, pero expresan sus dudas

Precios estancados desde hace 20 años

La organización recuerda los serios problemas de rentabilidad que lleva atravesando el sector cerealista durante los últimos años, en especial ligados a los precios percibidos por los productores, que se mantienen con valores constantes desde hace más de 20 años.

Así, Unión de Uniones pone como ejemplo que el trigo en 1998 se pagaba a 27,5 pesetas, mientras que en 2020 se paga a 33,5 pesetas y, sin embargo, la barra de pan que entonces costaba 45 o 50 pesetas, hoy entre 120 y 150 pesetas de media.

Lo mismo ocurre con la cebada (21,9 ptas. en 1998 y 26,3 ptas. en 2020) y el maíz (24,3 ptas. en 1998 y 29,7 ptas. en 2020), con subidas mínimas e incomparables a los incrementos de los costes de producción. “Ningún sector económico sigue vendiendo a precios de hace 20 años, salvo en el agrario, como está pasando con los cereales” lamentan desde Unión de Uniones.

A esta crisis continua de precios, favorecida por la especulación de las grandes corporaciones en los mercados internacionales, habría que añadirle los continuos recortes que se vienen sucediendo en la PAC en las últimas reformas y la nueva propuesta de la Comisión de recortar un 13% su presupuesto para el periodo 2021-2027, lo que puede hacer que muchas explotaciones cierren sus puertas por falta de rentabilidad y España tenga que incrementar las importaciones de cereales, con el consecuente impacto en el precios de los alimentos y en el medio ambiente.

La organización recuerda la elevada dependencia que tienen las explotaciones cerealistas de las ayudas PAC, que representan el 52,3% de su valor añadido neto, muy por encima de la media del 25,4% del resto de producciones.

Los cereales en España ocupan 6 millones de hectáreas de superficie

Las  estimaciones de la Comisión ofrecen un posible aumento de la producción estatal y europea para la campaña 2020/2021, aunque todavía son preliminares y vendrán condicionadas por las condiciones climatológicas que se darán en los próximos meses.

Unión de Uniones denuncia que, si no se hace nada, una campaña que se preveía buena para los productores puede acabar siendo ruinosa y solicita apoyo al sector por parte del Gobierno para solventar esta crisis estructural de precios, ya que considera que un sector del peso del cerealista, con unas 280.000 explotaciones que gestionan más de 6 millones de hectáreas de superficie, un tercio del total de tierras de cultivo, “necesita ir más allá del horizonte de la campaña y planificar su futuro”.

En el corto plazo, la organización propone que se destinen recursos a medidas para aumentar la demanda nacional o instrumentos para ajustar la oferta

Como medidas estructurales, la organización solicita al Gobierno que defienda con “uñas y dientes” el mantenimiento del presupuesto para la futura PAC frente las instituciones europeas, para evitar que sectores con rentabilidades tan vulnerables como el cerealista se vean afectados.

También la organización reclama al Ejecutivo que valore la función clave de las explotaciones cerealistas de secano en el mantenimiento de la biodiversidad – y destine recursos suficientes para apoyar dicho papel, así como que impulse la política de biocombustibles en favor de las medidas para atenuar el cambio climático, lo que podría contribuir a mejorar la rentabilidad del sector estatal. “No somos productores de una commodity, de una mercancía más, sino de un alimento básico con un papel fundamental en los territorios”, concluye la organización.