En la actualidad el comercio de proximidad en España concentra más de 750.000 trabajadoras y trabajadores autónomos, cerca del 24% del total de autónomos en el conjunto del estado español. Y es -basta con recordar el impacto del cierre de muchos pequeños establecimientos en nuestras calles durante las últimas semanas de confinamiento- uno de los sectores más golpeados durante la crisis desencadenada por el Covid-19.

Por eso, seis organizaciones de trabajadoras y trabajadores autónomos han lanzado en el día de hoy un paquete de 57 medidas que conforman un plan integral para reactivar el pequeño comercio. Bajo el título ‘Apostar por el comercio de proximidad, apostar por el futuro’, el documento está suscrito por la Unión de Autónomos UATAE, la Confederación Nacional de Autónomos del Comercio (CNAC), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), la Confederación Interesectorial de Autónomos del Estado Español (CIAE), la Confederación General de las Pequeñas y Medianas Empresas del Estado Español (COPYME), y la Mesa Nacional de las Organizaciones de la Venta Ambulante de España (EMNOVA).

Estas organizaciones reivindican que el comercio de proximidad supone “el alma de nuestros pueblos y ciudades” y su importancia en la creación de empleo, la contribución fiscal al sostenimiento de los servicios públicos, la dinamización de la vida de los pueblos y ciudades y la generación de seguridad en ellas. Las 57 propuestas desglosadas conforman una visión integral y global de la problemática del comercio de proximidad, incorporando además medidas específicas para algunas actividades del sector que tienen sus propias particularidades -como son la venta ambulante, la artesanía y los mercados de abastos, así como las características propias del medio rural-.

El diagnóstico de este plan parte de cómo la pandemia ha recrudecido una situación que ya era crítica en los últimos años, motivada por la desregulación de horarios en favor de las grandes superficies, la competencia desleal de los grandes operadores multinacionales del comercio electrónico y las dificultades del pequeño comercio de afrontar su inmersión digital. Ahora, explican desde las entidades promotoras de estas 57 medidas, el comercio de proximidad debe sumar a esos problemas la adaptación a los estándares de seguridad y salud de respuesta al Covid-19 (que en muchas ocasiones suponen importantes inversiones) y a la recuperación de la confianza de los consumidores.

Por ello, las propuestas planteadas se articulan en torno a cuatro ejes (protección social para los autónomos del comercio, acompañamiento a la recuperación de actividad, fomento del comercio de proximidad y recuperación de la confianza del consumidor) e incluyen cuestiones como la necesidad de prorrogar la prestación extraordinaria más allá del 30 de junio en las actividades que sufren más restricciones, una solución integral para los alquileres comerciales -con reducciones en las rentas cuando el arrendador sea un gran tenedor-, el desarrollo de plataformas de venta online por sectores para el pequeño comercio, la generación de redes de colaboración entre éste y los agricultores, la regulación de horarios comerciales y rebajas de acuerdo a los intereses del comercio de proximidad, y una fiscalidad justa que grave los pingües beneficios de las grandes plataformas digitales, que durante esta crisis se han disparado.

UATAE, CNAC, COAG, CIAE, COPYME y EMNOVA plantean, sobre la base de este documento, una hoja de trabajo conjunta para que las diferentes administraciones tomen nota e implementen las medidas elaboradas.