El Gobierno ha vuelto a negarse a estudiar si se dan las circunstancias mínimas para pedir iniciar una investigación que pueda determinar si toca o no exigir la aplicación de la cláusula de salvaguarda contemplada en el acuerdo comercial de la Unión Europea con cinco países del sur de África, según denuncia Compromís.

En una nueva repuesta del Gobierno al senador de Compromís, Carles Mulet, ha reconocido una situación desfavorable  de precios durante la pasada campaña 2018/19 y al mismo tiempo explica que para pedir la petición de la prorroga se vincula a que  constate objetivamente un aumento de las importaciones en cantidades cada vez mayores, y en condiciones tales que causen o amenacen causar perturbaciones de los mercados de productos agrícolas directamente competidores en el territorio de la Unión Europea: “Según los datos disponibles no se estimó que se dieran las circunstancias para solicitar el inicio de una investigación de este tipo, sí considerándose como necesario el realizar un exhaustivo seguimiento de las importaciones de Sudáfrica y de otros países terceros, así como de otros elementos que puedan perturbar la situación del mercado para cítricos.”

Según Mulet “vuelven a burlarse de nuestro campo, dicen que van a estar haciendo un seguimiento exhaustivo pero al mismo tiempo niegan que se siga el procedimiento reglamentado, para hacer una investigación y determinar si toca o no aplicar la cláusula, el gobierno no es nadie para investigar si se cumplen o no los requisitos para aplicar la cláusula, su función es pedir a la UE se investigue, y eso  lo que están negando.

El procedimiento es que España solicite a la Comisión Europea  que abra una investigación  y ha de ser la propia Comisión quien ha de considerar si existen o no indicios suficientes para la adopción de estas medidas, y a partir de ahí estudiar el volumen de las importaciones, el precio de las importaciones, la repercusión para los productos comunitarios, para lo que se valorarán factores económicos tales como: producción, capacidad, existencias, ventas, cuotas de mercado, precios, beneficios, empleo, et, o cualquier otro factor que pueda ser determinante del perjuicio. Y en un n plazo máximo de nueve meses contados a partir del momento en el que se inició la investigación la Comisión deberá adoptar una decisión al respecto.

Para Mulet “ es grave que denieguen la posibilidad que Europa valore o no si toca estudiar abrir esta investigación, mientras nuestros agricultores evidencian la competencia desleal, el Gobierno veta que se pueda estudiar”