El Gobierno francés acaba de anunciar un apoyo excepcional para su sector vitivinícola que dista mucho del que propone el español. En el caso de la destilación de crisis autorizada por Bruselas, el vino francés contará con 140 millones de euros, de los cuales 80 millones provienen de su Programa de Apoyo y otros 60 millones, se añadirán como ayuda adicional de Estado, según informa ASAJA CLM.

En España, esta medida contará con menos de la mitad que el país vecino, dado que el Ministerio de Agricultura no baraja asignar un presupuesto extraordinario para completarla y garantizar así su eficacia.  A ello hay que añadir que el Gobierno francés protegerá su sector vitivinícola con más medidas, como la exención de las cotizaciones a la Seguridad Social para las pequeñas empresas y pymes del sector vitivinícola.

ASAJA CLM ha criticado duramente que mientras el Gobierno reconoce la esencialidad de la actividad agraria y ganadera, no aporta más soluciones que las que llegan de la Unión Europea y lo margina.

Problemas de mano de obra

En cuanto a los problemas de mano de obra del campo, Italia ha tomado decisiones contundentes para garantizar la recogida de las cosechas. De este modo, concederá un permiso temporal de trabajo de seis meses para quien ha trabajado regularmente en el sector agrícola y cubrir así las necesidades del mercado laboral.

En España, sin embargo, las medidas adoptadas en empleo agrario no están facilitando la mano de obra, pues no hay suficientes trabajadores que estén habituados o capacitados para desempeñar las labores del campo.

La única actuación del Gobierno español en este sentido ha sido la presión y la persecución hacia los empresarios que generan puestos de trabajo. La organización agraria tacha de criminalización y ataque a la dignidad de un sector que está demostrando su solidaridad y compromiso con la sociedad española.

En Castilla-La Mancha está a punto de empezar la próxima campaña importante, la de recogida de ajo, que necesita cubrir unos 14.000 contratos que, anteriormente, realizaban temporeros de Rumanía, Polonia, Bulgaria y Marruecos. Ahora, además de las dificultades de movilidad por el cierre de fronteras, a excepción de empleados sanitarios o transportistas, cualquier persona que entre en España deberá permanecer 14 días de cuarentena desde su llegada, lo que dificulta aún más la posibilidad de encontrar mano de obra suficiente a tiempo.