El viernes pasado, el Parlamento Europeo dio el último paso para aprobar una modificación del Reglamento 508/2014 relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), con el fin de compensar al sector de la acuicultura y de la pesca por los severos daños que está causando la crisis del Covid-19, tanto en producción como en los mercados. Previamente, el Consejo de la Unión Europea había dado el visto bueno a similares propuestas y ambos mejoraron el texto que la Comisión Europea publicó el 2 de abril. En esta ocasión debe reconocerse que las instituciones europeas han respondido con la urgencia que la situación requería.

La acuicultura española (tanto marina como continental) está sufriendo la fuerte retracción de la demanda en los mercados de pescado fresco. Los restaurantes, hoteles y demás servicios de restauración colectiva están cerrados y en las pescaderías de los supermercados los consumidores están optando por el pescado congelado, en conserva o envasado para libre servicio. Por otra parte, las exportaciones se han prácticamente detenido. Esto causa que las ventas de pescado de crianza (cuyo fuerte es la venta en fresco sin envasar) hayan caído dramáticamente un 55 %, y los ingresos de las empresas de acuicultura lo hayan sufrido en similar proporción. Además, al no poder cosechar su producción, en las granjas de acuicultura se están acumulando las crecientes existencias de peces en el agua. Esto conlleva mayores gastos de mantenimiento y el riesgo de superar la capacidad de producción de las granjas.

El nuevo FEMP modificado ofrece dos vías de apoyo a las empresas de acuicultura. Por una parte, el compensar las reducciones de ingresos de las granjas, así como los costes suplementarios de producción y almacenamiento ocurridos entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre de 2020, como consecuencia del brote de Covid-19. Y, por otra, activa un mecanismo de almacenamiento de pescado fuera del agua que será operado a través de las Organizaciones de Productores. Para esto último, las instituciones europeas han introducido en paralelo una modificación en el Reglamento 1379/2013 por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura.

APROMAR deposita la esperanza en que las medidas de compensación directa a las empresas de acuicultura para cubrir la caída de ingresos y los mayores costes sirva para apoyar la superación de la crisis. Por el contrario, no está clara la utilidad del mecanismo de almacenamiento ya que el tiempo para su puesta a punto es limitado y supone cambios sustanciales sobre la estructura actual de venta de las empresas. Sin embargo, el establecimiento de precios de activación y el diseño del sistema debe explorarse en estos momentos.

Ahora ya queda en manos de los Estados Miembros de la Unión Europea, y en España también de las Comunidades Autónomas, una aplicación valiente y audaz de las nuevas posibilidades que ofrece el Reglamento.