El Gobierno de Castilla-La Mancha ya ha puesto en marcha un plan regional del control del cumplimiento de la cadena alimentaria, que ayude a conseguir el objetivo de la garantía de que los costes de producción aparezcan reflejados en el contrato de compraventa entre los agricultores y ganaderos y la industria agroalimentaria.

Un plan que se realiza junto con la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y  que se une al plan de control de la trazabilidad puesto en marcha en la legislatura pasada. El gobierno quiere garantizar la trazabilidad y la transparencia de un sector agroalimentario que cumple y expulsar al que no cumple. Así lo anunció el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo,  en su intervención ayer en las Cortes.

Además, enumeró una batería de medidas a favor del sector desde la región:

Seguros agrarios: se va a igualar el incremento comprometido por el ministerio de Agricultura, recordando que ya en la Comunidad Autónoma el presupuesto para el presente ejercicio 2020 ha crecido un 11% más que el año anterior en la época en la que gobernó el PP, sin embargo, la contribución cayó “en picado”.

Agrupaciones de Productores: en los últimos cuatro años se han constituido una decena de AP que facturan 113 millones de euros y agrupan a 18.000 agricultores y, además, cinco Entidades Asociativas Prioritarias de Interés Regional (EAPIR),  que entre las cinco, con 42 cooperativas, cuentan con 24.000 agricultores y una facturación de 307 millones de euros, que permiten que se defienda mejor el producto en los mercados nacionales e internacionales al ser más fuertes.

Canales cortos de comercialización: que permite a los agricultores acercar sus productos de forma más directa, como mucho con un intermediario, a los consumidores, con una ayuda de 100.000 euros por cada proyecto.

A esto se une a que en la región se está a punto de abrir en San Clemente (Cuenca) un Local Autorizado de Mercancías de Exportación (LAME), que se va a beneficiar agricultores de cebolla o sandía, por ejemplo.