Las conclusiones del denominado grupo de Alto Nivel sobre el Azúcar, presentadas hoy al Consejo de ministros de la UE, “diagnostican problemas, pero en ningún momento aportan soluciones para un sector sumergido en la mayor crisis de precios de su historia, y que los fabricantes se han limitado a repercutir a los productores, como ha hecho Azucarera con los remolacheros de Castilla y León”, apunta ASAJA.

La organización profesional agraria no entiende que se encargue un informe para contribuir a sostener un sector, “y más bien se ocupen de poner palos en las ruedas, cuestionado hasta si la ayuda asociada distorsiona el mercado o que algunos países, entre ellos España, hayan permitido excepcionalmente los neonicotinoides, porque no existe una alternativa agronómica a su uso, como bien sabrán esos expertos”.

El informe se pierde en propuestas bienintencionadas, como que hay que lograr una mayor transparencia en los mercados, o mejorar la posición del agricultor en la cadena de valor, “pero no aclara en ningún momento cómo conseguir estos objetivos, cuando la industria está yendo justo por el camino opuesto, socavando los colectivos y la interprofesión, las herramientas que tienen los remolacheros para defender colectivamente sus intereses”.

El informe constata el hecho de que, desde la liberalización de las cuotas, la oferta de azúcar se ha incrementado en un 25 por ciento, subida que no ha absorbido el mercado. También reconocen los expertos la presión de los mercados internacionales, que, de aprobarse en los términos actuales el acuerdo con Mercosur, aún sería mayor y debilitaría más a los remolacheros europeos.

ASAJA “resulta desolador que, tras varios meses de trabajo, en el documento no se aporte una sola solución, máxime cuando reconoce que el sector remolachero azucarero es vital tanto para los agricultores como para el entramado social y de empleo en zonas rurales en las que hay escasas o nulas posibilidades de crear otras industrias”. ASAJA considera que tanto el ministerio de Agricultura como el nuevo Gobierno de Castilla y León tienen que asumir como batalla principal la defensa de la continuidad del sector remolachero y de la fabricación de azúcar en nuestra Comunidad Autónoma, en la que radica el 68 por ciento de la producción de remolacha nacional.