La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha presentado a los máximos responsables del Ministerio de Agricultura, , un decálogo de medidas preventivas sobre Peste Porcina Africana (PPA). Durante la reunión bilateral, el Secretario General de COAG, Miguel Blanco y el responsable de porcino, Jaume Bernis, han trasladado el Secretario General de Agricultura, Fernando Miranda y el Director General de Sanidad Animal y Vegetal, Valentín Almansa, la inquietud y preocupación del sector  ante la amenaza que supone esta enfermedad para uno de los grandes motores económicos y sociales de nuestra ganadería. En ese sentido,  han pedido quese eleve el nivel de prevención del Programa Nacional de Vigilancia sobre Peste Porcina (PPA) en base a las siguientes medidas:

• Es vital coordinar una estrategia de gran alcance con las principales Comunidades Autónomas productoras de porcino, que tienen en buena medida las competencias en sanidad agropecuaria. En este sentido, la Interprofesional Interporc es una herramienta válida a tener en cuenta, tanto para trabajar en prevención y coordinación, como en labores de comunicación al sector.

• Se deben extremar las medidas y requerimientos de bioseguridad en las explotaciones ganaderas,  con criterios homogéneos en todo el territorio. Es fundamental exigir el 100% de cumplimiento de estas medidas. En la actualidad, un 30% de las explotaciones no tienen aún implementados vallas perimetrales exteriores que eviten la cercanía de animales salvajes en las inmediaciones.

• Es necesario reforzar la bioseguridad mejorando la limpieza y desinfección de los vehículos de transporte de animales a la salida de los mataderos. Estos vehículos se desplazan por todo el territorio, entrando a las diferentes granjas, por lo que el peligro de difusión de un posible foco es muy alto.

• Los mataderos deben contar con su propio centro de limpieza y desinfección de vehículos con personal especializado y formado en esta tarea. No creemos que sea correcto que sea el propio conductor del camión el que se encargue de esta labor.

• Es necesario reforzar el control de entrada en frontera, especialmente en Cataluña, Aragón, Navarra y País Vasco. Es importante solicitar la documentación de bienestar animal a todos los camiones que entren con lechones y con otros animales como terneros especialmente los procedentes de países positivos en PPA. Cabe recordar en 2018 entraron a nuestro país 1,8 millones de lechones  y en lo que va de año cerca de 200.000 al mes.

Este debe ser operativo y que los resultados sean reportados semanalmente, para poder ser evaluados en número y eficacia por parte del sector.

• Existe la necesidad de evitar la entrada de alimentos en las fronteras, sobre todo de destinos provenientes de países con casos de PPA confirmada. No sólo en aeropuertos, también en puertos y carretera, con coordinación y / o participación de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

• Es necesario reforzar estos controles, especialmente en los meses de verano, donde el movimiento en aeropuertos es mayor y con los trabajadores que vienen a España procedentes de países del este de Europa, para evitar la entrada de alimentos sin transformar.

• Consideramos importante la gestión de la población de jabalíes, que en nuestro país constituyen ya una verdadera plaga. Deben crearse grupos de trabajo regionales especializados que analicen la situación en cada zona y las medidas a tomar para regular de una manera eficaz la población de estos animales, uno de los grandes focos de transmisión de la PPA.

• Se debe avanzar en las negociaciones con terceros países para reconozcan el sistema de regionalización de la Unión Europea puesto en marcha para controlar la propagación de la peste porcina africana (PPA). Este reconocimiento permitiría evitar perturbaciones del mercado en el caso de un brote de la enfermedad. Teniendo en cuenta la importancia de este mercado, el cierre completo de un país tiene consecuencias muy graves para el conjunto del sector.

• Todas las medidas propuestas deben estar bien dotadas a nivel económico y humano para que se puedan ejecutar al 100% y con el mayor grado de eficacia posible, tanto a nivel de administración estatal y autonómica.