La campaña citrícola continúa siendo un auténtico desastre y la única medida planteada hasta la fecha para los productores como es la ayuda para la retirada es un claro fracaso. A escasos días para concluir el periodo de solicitud -finaliza el 31 de marzo- sólo el 39% del volumen de toneladas previsto para acceder a las ayudas se ha solicitado, es decir de 50.000 toneladas únicamente hay pedidas 19,3 a fecha de 3 marzo. De esa cantidad, el 42% lo ha solicitado Andalucía y el 37% la Comunitat Valenciana.

LA UNIÓ de Llauradors ha sido muy crítica desde el primer momento si el sector se conformaba con esta única medida para compensar unas pérdidas para los productores que sólo en la Comunitat Valenciana son superiores a los 240 millones de euros. En este sentido consideraba que era totalmente insuficiente, que no serviría porque se aprobaba tarde y que no llegaría de forma directa a los agricultores, tal y como lamentablemente así ha ocurrido.

LA UNIÓ critica que las organizaciones que conforman Intercitrus (ASAJA, COAG, UPA, Cooperativas y Comité Gestión Cítricos) han perdido una oportunidad de oro para haber impulsado medidas a través de la interprofesional que hubiesen evitado o, en el peor de los casos minimizado, la grave situación por la que ahora atraviesan las personas que se dedican a la citricultura.

Mañana el ministro Luis Planas recibe a una parte del sector a través de Intercitrus que no ha hecho ninguna propuesta en diez años de letargo, mientras que LA UNIÓ presentará propuestas serias al Secretario General del MAPA en una reunión posterior, ante el absurdo veto de las tres organizaciones agrarias Asaja, Coag y Upa.

Estas mismas organizaciones que componen Intercitrus -y que vetaron en 2009 el ingreso de LA UNIÓ-, deberían saber que además de realizar campañas para difundir y promocionar las producciones de cítricos, hay otras finalidades que la Ley reguladora de las Organizaciones Interprofesiones Agroalimentarias permite, tales como entre otras:

· Proporcionar información y llevar a cabo los estudios y acciones necesarias para racionalizar, mejorar y orientar la producción agroalimentaria a las necesidades del mercado y las demandas de los consumidores.
· Promover la adopción de medidas para regular la oferta, de acuerdo con lo previsto en la normativa de competencia nacional y comunitaria.
· La realización de estudios sobre los métodos de producción sostenible y la evolución del mercado, incluyendo índices de precios y costes objetivos, transparentes, verificables y no manipulables, que puedan ser usados de referencia en la fijación del precio libremente pactado en los contratos, siempre teniendo en cuenta lo establecido al respecto por la normativa sectorial comunitaria.

Si Intercitrus hubiese cumplido con sus objetivos a juicio de LA UNIÓ se podría haber conseguido lo siguiente:

· Ordenar en cada campaña la fecha de inicio y finalización de recolección de cada una de las variedades de mandarina y naranjas para su comercialización en fresco, en función de la oferta y la demanda, para que llegasen al mercado con las mejores condiciones organolépticas posibles, incrementado el prestigio y la marca de los cítricos españoles.
· Revisar para cada campaña los requisitos de calidad, mínimos de madurez, tolerancias, clasificación, calibrado, en base a los estudios sobre aforos y calidades previstas, con la intención de ofrecer los productos de máxima calidad posible a los consumidores, y regular de forma ordenada los destinos cítricos a consumo en fresco o a industria, con la intención de maximizar los precios recibidos por los agricultores.
· Establecer antes del inicio de cada campaña, el sistema comunitario de retirada de fruta para ayudar a regular la oferta y conseguir mejores precios para las personas citricultoras.

Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ, cree que una vez más Intercitrus no ha dado la talla. «Podríamos tener un instrumento que sirviera para ordenar el mercado, como por ejemplo establecer el sistema de retiradas de cítricos en tiempo y forma, pero se comprueba otra vez que los miembros que se sientan a su mesa no defienden como sería deseable los intereses de los citricultores y siguen mirándose el ombligo», sentencia.
Para más información: Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ (658 92 89 23)