La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE) aboga por la puesta en marcha de un Plan Nacional de Infraestructuras Hídricas para hacer frente a las sequías e inundaciones derivadas del cambio climático. Así, al igual que ha habido planes estatales de carreteras o de infraestructuras ferroviarias, apuestan por aunar ingeniería y técnica para prevenir los efectos negativos de las lluvias torrenciales y convertirlos en recursos para las cuencas deficitarias.

De esta forma, Fenacore sale al paso del informe de la “Subcomisión para el estudio y elaboración de propuestas de políticas de agua en coherencia con los retos del cambio climático” aprobado recientemente en el Congreso y entre cuyos 27 expertos no existe representación de los regantes, a pesar de que concentran más del 60% de la demanda de agua en España.

En su opinión, la falta de voz de los usuarios en esta subcomisión da como resultado una visión imprecisa de la realidad hídrica, donde las consideraciones recogidas en el informe -que aunque no es vinculante sí puede servir para la toma de decisiones en materia de política hidrológica- pueden llegar al extremo de conseguir el objetivo contrario al que se proponen, aumentando los efectos del calentamiento global.

En concreto, el informe se centra principalmente en la gestión de las demandas y como consecuencia, en la reducción de recursos para regadío como medida para reducir el consumo de agua, lo que tendrá no sólo un impacto negativo sobre el crecimiento económico y la creación de empleo, sino sobre el entorno.

Y es que se está pasando por alto que esta actividad estratégica actúa como sumidero de CO2 y reduce la desertización, otra de las principales consecuencias del cambio climático. Además, el regadío resulta vital para mantener la población distribuida por el territorio, contribuyendo a la conservación no solo del medio rural, sino del medio ambiente en general.

De esta manera, en lugar de apostar por una adecuada planificación hidrológica, el informe considera España un país maduro hidráulicamente y aboga por detener la construcción de nuevos embalses y trasvases, cuando para Fenacore no sólo son esenciales para mitigar los efectos del cambio climático sino que representan una de las medidas más eficaces para aumentar las garantías de agua de los usuarios actuales y potenciales, a sabiendas de que la distribución de los recursos hídricos en España es tan irregular.

De hecho, el norte, que representa sólo el 11% de la superficie, aporta aproximadamente el 40% de las lluvias, lo que choca con el planteamiento de este informe que niega la existencia de cuencas deficitarias, aludiendo a ellas como sobreexplotadas.

Adelante con las actuaciones de los planes de cuenca

En este sentido, Fenacore defiende apoyar la estrategia de aprovechamiento de agua sobre un nuevo Plan Hidrológico Nacional que, basándose en un Pacto de Estado, haga posible llevar adelante sin trabas todas las actuaciones que ya están contempladas en los diferentes planes de cuenca vigentes y en los que se incluyen las obras de regulación y las actuaciones de modernización de regadíos correspondientes, dado que son las medidas que más pueden contribuir hoy por hoy a optimizar el consumo.

Además, en un entorno hiperconectado, consideran imprescindible avanzar hacia un Sistema Integrado del Agua donde todos los recursos -tanto superficiales (embalses…) como subterráneos (acuíferos)- estén alineados con las diferentes demandas y donde se prorrateen adecuadamente los costes del agua.

Correcta aplicación del principio de recuperación de costes

En este sentido, los regantes se oponen a la modificación del régimen económico-financiero del agua propuesta en el informe, argumentando que la legislación española ya está adaptada al principio de recuperación de costes que pide la normativa europea -la Directiva Marco de Agua-, siendo necesario aplicarlo de forma correcta.

Así, Fenacore considera necesario establecer criterios personalizados para determinar qué precio deben pagar por el agua los usuarios y qué debe cargarse a los Presupuestos Generales del Estado, ya que los costes ambientales deben ser asumidos por la sociedad. De esta forma, se evitaría perjuducar todavía más a un sector que se ve obligado a producir con costes actuales pero a vender a precios de hace más de 20 años para garantizar el abastecimiento de los mercados a precios competitivos; un objetivo que tampoco se consigue, pues en los últimos eslabones de la cadena alimentaria los precios finales de estos bienes primarios se incrementan en una media superior a un 400% sin que de este sobreprecio puedan beneficiarse los agricultores.

Según el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, “la competitividad de la agricultura española está en desventaja por unos costes de producción desorbitados, en gran medida porque el premio que hemos recibido los regantes por modernizar los regadíos para reducir el consumo de agua ha sido una modificación del régimen tarifario de la energía que ha supuesto disparar la factura eléctrica. Si se modifica e incrementa la tributación del agua, este sector se vería todavía más perjudicado”.