UPA informó a finales de año de la congestión que el mercado del pepino estaba sufriendo y de las graves consecuencias que esta situación ocasionaba a la economía de la región andaluza. Especialmente, las grandes perjudicadas son las provincias de Almería y Granada que, en esta época, concentran un 70% y un 30% de la producción, respectivamente. Las altas temperaturas registradas en diciembre provocaron un aumento de la producción de un 30%; a este incremento se unieron las movilizaciones de los “chalecos amarillos” en la frontera francesa, que han dificultado el transporte del pepino y complicado su salida al mercado, aumentando aún más el almacenamiento de producto.

Los agricultores asumen unos costes de 0,35€ para producir un kilo de pepino. Antes de semana 49 del año, el pepino tenía un precio en origen aceptable, pero después, debido al aumento de la producción anteriormente expuesto, el precio se situó en mínimos que llegaron a los 0,22€. La demanda del producto seguía siendo la misma, pero el excedente desplomó los precios.

Durante los últimos días de 2018, se retiraron más de 450 Tn de pepino, como medida para descongestionar el mercado y tratar de recibir un precio adecuado por el resto de la producción. Pero estas retiradas han sido actuaciones pequeñas y aisladas, sin una planificación global y, por tanto, insuficientes.

En ese momento, la organización agraria se adelantó a pedir que se incentivara la retirada de producto, pero las únicas que pueden hacerlo son las cooperativas y las Organizaciones de Productores (OPs) a través de sus programas operativos. Además, dicha retirada se estaba pagando solo a 0,09€, sin contar con que los propios agricultores son los que deben hacerse cargo del coste de la retirada. Por tanto, según palabras de Francisca Iglesias, secretaria general de UPA Almería, y vicepresidenta de Hortiespaña: “actualmente, a los productores, les resulta más ventajoso comercializar a 0,22€ que retirar el producto”.

Por otro lado, en lo que a retirada de producto se refiere, el porcentaje de frutas y hortalizas que se permite apartar del mercado a las OPs, a través de sus programas operativos, es completamente insuficiente. A todo esto, se une el hecho de que la mayoría de las empresas que comercializan el pepino en Almería y Granada son alhóndigas, a las que, por el momento, no se les permite la retirada de producto.

En los primeros días de enero de 2019, la bajada de las temperaturas y la menor incidencia de las protestas francesas, han situado el precio del kilo de pepino a 0,52€. Es un dato positivo, que podría normalizar la situación de crisis. No obstante, hay bastante producto almacenado esperando un repunte del precio. Si éste se saca ahora al mercado, ya en peores condiciones de frescura y calidad, el precio volverá a caer y el problema persistirá.

Por todo ello, la Organización Sectorial de Hortalizas se va a reunir para poner encima de la mesa todos los inconvenientes con los que se está encontrando el sector del pepino, así como para aportar soluciones. Dicho encuentro tendrá lugar hoy en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Almería.

Desde UPA, que asistirá como organización agraria, adelantan algunas posibles soluciones y medidas para paliar esta situación y evitar otras similares en el futuro, que son:

-Incrementar los precios que se paga a los agricultores por la retirada ya que, además de encargarse los productores del coste de la retirada, también han de preparar el producto para que pueda destinarse a organizaciones con fines sociales y sin ánimo de lucro.

-Planificar con antelación las campañas y sus previsiones para que, si se producen puntos críticos y situaciones anómalas, poder activar medidas que normalicen el mercado y protejan al sector.

-Actualmente, la Ley de Cadena Agroalimentaria obliga a que las empresas hagan contratos con los productores, con el fin de establecer precios, plazos, pagos, etc. Hay que exigir a la Administración que se encargue de controlar que los términos contractuales se cumplen.

-Por último, y no menos importante, es necesaria la implantación de una extensión de norma, de manera que sea Hortiespaña la encargada de ejecutar las retiradas de producción, siempre que se considere necesario. Así, se tratará de acciones globales y bien organizadas, que puedan salvar aquellas situaciones que pongan en jaque al sector.