El ministro de Agricultura,Luis Planas, presentó el viernes en el Consejo de Ministros, la posición de España sobre la reforma de la Política Agrícola Común post 2020.

En 2017, España recibió 6.678 millones de euros de la PAC, que beneficiaron a 774.926 perceptores y el gobierno defiende  que la PAC conserve su presupuesto actual a UE – 27.

Plan Estratégico Común 

Así, en relación con el plan estratégico nacional, que es el nuevo instrumento propuesto por la Comisión para aplicar la PAC en cada país, España apuesta por un plan en el que jueguen un papel clave las comunidades autónomas, tanto en las medidas del primer pilar (ayudas directas) como en las del segundo pilar (desarrollo rural). De esta forma se apuesta por que el modelo de gobernanza incorpore a las autoridades de las comunidades autónomas responsables de la gestión, al tiempo que asegure la necesaria coordinación a nivel nacional.

En cuanto a la definición de la figura del agricultor genuino, España considera que los pagos directos de la PAC deben dirigirse hacia aquéllos que realizan una actividad agraria real. Para ello, se defiende la posibilidad de definirlo en base a criterios que tengan en cuenta la renta agraria, en base a parámetros que permitan reflejar la actividad agraria del agricultor, teniendo en cuenta además la situación particular de los agricultores pluriactivos.

También se apoya el mantenimiento de los avances conseguidos en el “Reglamento Omnibus”, una “Mini-reforma” de la PAC de 2017, con la que se introdujeron modificaciones como la definición de pastos permanentes, en la que por primera vez se contemplaban los pastos arbolados y arbustivos propios de climas mediterráneos y de agrosistemas como la dehesa. Entonces también se aclaraban aspectos relacionados con la capacidad de las organizaciones de productores, para poder adoptar decisiones exceptuándolas de la aplicación de las normas de competencia.

Pagos directos 

 España apoya los  pagos directos, el mantenimiento del pago complementario a los jóvenes en el primer pilar y  que se pueda dedicar al menos el 2% del presupuesto de los pagos directos a intervenciones que tengan como finalidad atraer a jóvenes agricultores.

También apoya el pago redistributivo, en forma de un porcentaje adicional de la ayuda básica a la renta, de manera que se dé un apoyo adicional.

Cuestiones medioambientales 

España defiende integrar los elementos del pago verde  en la “Condicionalidad” actual, sin añadir elementos de complejidad a los agricultores y ganaderos y teniendo en cuenta las singularidad de determinados tipos de producción.

También se apoya que los Estados Miembros estén obligados a  disponer de pagos en forma de Eco Esquemas, de manera que se pueda incentivar a aquellos agricultores y ganaderos que deseen de manera voluntaria adoptar prácticas agrícolas en beneficio del clima y del medio ambiente.

Ayuda asociada y apoyos sectoriales 

España defiende el mantenimiento de la ayuda asociada.

También ha solicitado que se amplíe la lista de sectores para incluir no solo el aceite de oliva, sino también la aceituna de mesa que, hasta ahora, estaba fuera de la lista.

Apoya el mantenimiento de los  programas de apoyo sectoriales al vino, las frutas y hortalizas, al sector apícola así como los programas escolares, así como ampliar su ámbito de aplicación.

Además, para facilitar la participación de los agricultores y ganaderos en este tipo de medidas, las intervenciones sectoriales deben poder aplicarse tanto a través de organizaciones de productores, como es el caso de las frutas y hortalizas, como a través de programas específicos de apoyo plurianuales, como es el caso del sector vitivinícola o del sector apícola.

Apoyo a jóvenes y mujer rural 

España aboga por  el incremento del apoyo destinado a los jóvenes agricultores; la armonización y flexibilización de requisitos y que sean los Estados miembros los que puedan definir la edad y el periodo durante el cual los jóvenes agricultores puedan percibir los apoyos.

En relación con las intervenciones en el desarrollo rural, España pide aumentar la tasa de financiación para la instalación de jóvenes agricultores, para las inversiones con objetivos medioambientales y climáticos, para la innovación, para la iniciativa LEADER y para la formación e intercambio de conocimiento.

En cuanto a la mujer rural, resulta esencial que se visibilice en los objetivos específicos de la PAC y de los planes estratégicos. También se priorizará la programación de intervenciones específicas a favor de las mujeres en zonas rurales.

Simplificación de la PAC

España ha propuesto numerosos elementos concretos de simplificación y de mejora de la transparencia, destacando la necesidad de contar con planes estratégicos sencillos, de fácil lectura y comprensión, tanto para el beneficiario, como para el ciudadano de a pie, y que los procedimientos de aprobación y modificación sean flexibles y transparentes.

Además, España aboga por la introducción de un sistema simplificado de gestión, control y abono de los pagos directos, basado en el empleo de las nuevas tecnologías, en el que no sea necesario la presentación formal de una solicitud de ayuda.

Calendario 

La Comisión Europea (CE) prevé inicialmente que la nueva PAC se comience a aplicar a partir de las solicitudes de pagos directos de 2021. Sin embargo, como consecuencia de las elecciones al Parlamento Europeo, el calendario se dilatará, de manera que probablemente la nueva PAC no se pueda aplicar hasta 2022 o incluso 2023.

Por ello, y para que los pagos directos y el resto de medidas de la PAC actual no se retrasen ni se interrumpan, España, junto con otros Estados miembros, ha solicitado a la Comisión que adopte las medidas transitorias necesarias para que la PAC actual opere con normalidad hasta que entre en vigor plenamente la nueva.

La posición se ha elaborado tras recabar la opinión de las Comunidades Autónomas, de las organizaciones agrarias y medioambientales, y ha sido trasladada a la Comisión Europea, al Consejo y al Parlamento Europeo.