El Parlamento francés ha aprobado esta semana la Ley de la Alimentación, que es una de las medidas estrella del gobierno de Macron. La ley era muy esperada por el sector agrario pero el texto finalmente aprobado está dejando un sabor agridulce.

Una de la principales novedades de la ley es que el precio al que los agricultores y ganaderos venderán sus productos se calcularán en base a sus costes de producción. Hasta aquí todo bien por parte del sector agrario.

El problema es que serán las interprofesiones las encargadas de determinar los costes. Este es uno de los motivos de queja de la organización agraria francesa FNSEA, que pedía que fuera el Observatorio de Precios y Márgenes el que definiera los indicadores de referencia, ya que así se trataría de un organismo neutral e independiente. Temen que las industrias o la distribución que participan en las interprofesionales pueden dificultar o manipular la determinación de los mismos.

Otro punto importante es que se fortalece el papel del mediador, sin embargo, no cumple con las expectativas iniciales que había generado Macron, que había prometido arbitraje real y efectivo, según Confédération paysanne.

La Ley también establece mayores sanciones para las empresas que no respetan sus obligaciones contractuales y se va a reforzar a la Autoridad de la Competencia francesa para luchar contra las prácticas anticompetitivas. En el caso de empresas que reincidan en los incumplimientos, verán su nombre publicado en una lista de no cumplidores, para su mayor escarnio.

Otra cuestión importante de la Ley es que faculta al gobierno para que pueda aumentar hasta en un 10% el precio de venta a pérdidas y que pueda supervisar las promociones excesivas.

También se ha incluido en la  ley es que las  comidas en el sector de la restauración pública deben incluir, a más tardar en 2022, al menos un 50% de productos derivados de la agricultura ecológica o que tengan en cuenta la  la preservación del medio ambiente, (un mínimo del 20% tiene que proceder de la agricultura ecológica).