La Junta de Castilla y León aprobó en 2016 una normativa que permitió la quema de rastrojos como medida fitosanitaria (Orden AYG/887/2016) para prevenir las cada vez más frecuentes plagas, incluidas las malas hierbas, y enfermedades en los cultivos de Castilla y León.

Conviene recordar que se trata de una medida que tiene carácter excepcional y que no busca otra cosa que compatibilizar las actividades socioeconómicas del mundo rural con la protección más sostenible que se puede ser capaz de ofrecer de forma viable al medio ambiente.

Esta práctica, que permitió realizar una adecuada gestión de cultivos en 2017 lo suficientemente constatada en los resultados en campo, sin embargo, quedó anulada a principios del presente año por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dictada tras el recurso presentado por un grupo ecologista.

Cabe recordar que el uso del fuego se autorizó únicamente en determinadas comarcas y para parcelas lo suficientemente distantes de masas forestales y zonas red natura, así como tomando toda una amplia serie de precauciones. Tan es así que fuera de las parcelas en que se empleó el fuego como medida de gestión no hubo que lamentar pérdida medioambiental alguna que fuera motivada por quemas autorizadas conforme a la normativa que las reguló.

Paradójicamente, el grupo ecologista que recurrió la medida argumentando que carecía de “justificación ambiental y fitosanitaria” y de “estudios e informes que la avalaran”  no aportó alternativa alguna de lucha contra las plagas y enfermedades de los cultivos, ni tampoco aportó estudios que avalaran que el uso del fuego como medida de gestión sea más perjudicial que los actuales medios de lucha química a los que el uso del fuego pretende sustituir.

En este sentido, desde la Alianza UPA-COAG recordamos que el fuego ha sido tradicionalmente empleado como medida fitosanitaria y dentro del correcto uso ha permitido la actual biodiversidad que aún pervive en nuestros campos, mucho mayor que la del resto de países de nuestro entorno.  El 40% de la biodiversidad europea tiene representación en España, y el 60% de la biodiversidad española se puede encontrar en Castilla y León.

La actual campaña de cultivos herbáceos (cereales, proteaginosas, etc.) se está caracterizando por una climatología con unos registros de temperaturas y humedad, esta última motivada por las frecuentes precipitaciones, que van a ocasionar una insoportable presión de plagas y enfermedades, tanto desde el punto de vista económico como de la pura gestión técnica al dificultarse notablemente la realización de labores (exceso de paja y malas hierbas que dificultarán y mermarán la calidad de la cosecha y labores posteriores, etc.).

Por ello, la Alianza UPA-COAG solicita a la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León que retome las medidas que sean necesarias para que de nuevo se permita la quema de rastrojos como medida fitosanitaria en nuestra comunidad autónoma.

Resultaría incomprensible que los agricultores tuvieran que recurrir al empleo de químicos, por un lado, por resultar una medida medioambientalmente menos sostenible que las quemas controladas, y por otro lado, por no resultar rentable en buena parte de las comarcas agrarias de nuestra comunidad. Además, y desde el punto de vista de la contaminación ambiental, resultaría moralmente incoherente que se prohibiera el uso del fuego cuando se utiliza como herramienta de gestión para la producción de alimentos, en tanto se permite e incluso fomenta su uso lúdico y festivo por todo el territorio nacional, precisamente durante la época de mayor riesgo de incendios, la estival, y sin que nos conste que grupo ecologista alguno se posicione en contra.