Del Campo dio cuenta de la tramitación de siete expedientes sancionadores en la provincia coruñesa y de otros 18 en la de Lugo por incumplir las normas decretadas para el control de la plaga y recalcó que la ley estatal de sanidad vegetal recoge multas de entre 3.001 y 120.000 euros para las infracciones graves por este motivo. Hizo además un llamamiento a la responsabilidad, para que no se planten patatas en las zonas afectadas, favoreciendo así el control de la plaga.

En cuanto al dispositivo de trampeo, la directora general señaló que en los seis ayuntamientos de las zonas plagada y tampón se desplegaron un total de 96 trampas en campo. Sólo se capturaron individuos en Muxía (en 18 de las 68 trampas instaladas, es decir, en un 26%). Sobre el operativo de controles del transporte de patatas en carreteras, Belén do Campo indicó que entre los años 2017 y 2018 hubo 190 controles en la provincia de A Coruña, en colaboración con la Policía Autonómica, y que estos dispositivos se van a reforzar en el futuro en la comarca de Bergantiños. Agradeció también a los vecinos de Muxía su implicación y colaboración en todo el proceso de recogida. Con respeto a las solicitudes de indemnización, dijo que el plazo para presentarlas finaliza el próximo 30 de septiembre y a día 4 de junio se recibieron en la consellería un total de 447 peticiones de particulares, y que se van a agilizar al máximo los pagos.

Mejoras para los agentes forestales

La Consellería de Medio Rural está comprometida con la mejora constante de las condiciones de trabajo de los agentes medioambientales y forestales y mantiene abiertas en todo momento las negociaciones con sus representantes sindicales para avanzar en este sentido. Así lo afirmó la secretaria general técnica de la Consellería, Carmen Bouso, en respuesta a una pregunta sobre el tema en esta misma Comisión 7ª del Parlamento. La secretaria general hizo un reconocimiento expreso a la labor esencial que realizan los agentes y les agradeció a los integrantes de este colectivo su “dedicación y esfuerzo permanente”. Explicó además las mejoras introducidas en sus condiciones de trabajo en los últimos años, tanto en el que alcanza a sus retribuciones como a los turnos de trabajo, horarios, formación y otros aspectos. Trasladó, asimismo, que el proceso de negociación, de la mano de la Dirección General de la Función Pública, no está cerrado y mostró su confianza en que finalice de la manera más satisfactoria para ambas partes. Indicó que de forma inminente se mantendrá una nueva reunión entre los interlocutores.

Dentro del dicho proceso negociador, la secretaria general explicó que se le ha hecho a los agentes una oferta inicial que mejora sus retribuciones anuales, junto con otras mejoras, y recordó que también se les está suministrando constantemente de material, como vehículos nuevos y dispositivos informáticos (tablets), con una inversión que supera, en conjunto, los 1,1 millones de euros.

Formación del personal anti incendios

Por su parte, el director general de Ordenación Forestal, Tomás Fernández-Couto, explicó que la formación del personal del Servicio de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales tiene carácter continuo y mantenido en el tiempo, y dio cuenta de las acciones formativas desarrolladas en el año 2017 y en el que va de 2018, algunas de ellas novedosas y que están generando un alto grado de satisfacción entre los participantes. En este período hubo alrededor de una docena de acciones formativas, centradas en aspectos técnicos y operativos, así como monográficas sobre los grandes fuegos forestales. Valoró como muy importante el nivel formativo de un dispositivo que, explicó, tiene un carácter básicamente estructural, con un personal que recibe formación “de manera continuada y muy intensa”.

Tractores para prevenir incendios

Por otra parte, el director general de Desarrollo Rural, Miguel Pérez Dubois, dio cuenta de los criterios objetivos que sigue la consellería para firmar convenios con diversos ayuntamientos destinados al mantenimiento y limpieza de matorral, mediante la adquisición de tractores y desbrozadoras. Así, señaló que, para definir los municipios beneficiarios, se tienen en cuenta aspectos como su población, su disponibilidad de motobombas, apoyar un máximo de cinco ayuntamientos por provincia, las ayudas que reciben o que tengan parroquias de alta actividad incendiaria (PAAI), entre otros criterios. Indicó que Medio Rural firmó en 2017 un total de 35 convenios con otros tantos ayuntamientos, por un importe conjunto que supera los 3 millones de euros.

Para el 2018 está previsto destinar alrededor de 3,2 millones de euros para financiar diferentes actuaciones relacionadas con la prevención de fuegos. Así, el director general dijo que se contempla la firma de otros 19 convenios con otros tantos ayuntamientos para financiarles la compra de tractores, la adquisición directa por la consellería de 15 nuevas máquinas con desbrozadora para las cuatro jefaturas territoriales de Medio Rural y un convenio más para otro tractor, con la Diputación de Ourense, que –recalcó– fue la única de las cuatro gallegas que quiso colaborar en esta actuación.