La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) reclamó ayer en el Parlamento Europeo la aplicación inmediata de la sentencia (1) que anula el acuerdo de libre comercio agrícola de la UE con Marruecos al incluir de forma ilegal al Sahara Occidental, territorios sobre los que la ONU no reconoce la soberanía del país alauita.

Durante su intervención en la Conferencia Europea para analizar la actualidad del conflicto saharaui, el responsable de frutas y hortalizas de COAG, Andrés Góngora, denunció cómo la UE está rendida a las demandas de Marruecos, que utiliza un “perfil negociador basado en el chantaje”, utilizando terrorismo, inmigración y tráfico de droga como argumentos para obtener contrapartidas en materia agrícola.”Esas contrapartidas ponen en riesgo el futuro de los agricultores de la UE, que somos moneda de cambio evidente. Pero también dañan los intereses de los contribuyentes de la UE que no reciben los ingresos aduaneros correspondientes por los productos importados. Además, los consumidores de la UE que no pueden tener certeza respecto del origen real de los productos procedentes supuestamente de Marruecos. Y por último, pero no menos importante, la propia población del Sahara Occidental, que ve cómo este acuerdo UE-Marruecos sirve para mermar sus derechos”, argumentó Góngora.

En este sentido, el responsable de Relaciones Internacionales de COAG, Rafael Hernández, afirmó que la Unión Europea no puede avalar Acuerdos de Asociación en los que una de las partes firmantes está vulnerando constantemente la legalidad y las obligaciones internacionales. “El Reino de Marruecos está realizando un uso o apropiación indebida de productos agrarios del territorio Saharaui. Marruecos está administrando de facto este territorio para sus propios intereses, (cuando la ONU no reconoce su soberanía sobre los territorios del Sáhara Occidental), sin tener en consideración las obligaciones internacionales impuestas por Naciones Unidas referente a los intereses, deseos o beneficios de la población saharaui”.

Hernández recordó que la política exterior comunitaria debe velar porque se produzcan avances en materia de respeto al medioambiente, derechos laborales y –sobre todo- en el desarrollo económico y social de la población local y no sólo de las grandes corporaciones locales o extranjeras. “El acuerdo con Marruecos no respeta este principio y pone todas las herramientas necesarias para que empresas agroexportadoras de capital europeo produzcan en Marruecos y en el Sahara Occidental saltándose las condiciones ambientales, laborales, etc.. que se exigen en la UE para luego inundar nuestros mercados con productos a bajo precio”. Por ello, COAG considera imprescindible condicionar la apertura de los mercados europeos al cumplimiento de los derechos humanos y el derecho internacional, así como a unos estándares mínimos en materia sociolaboral, ambiental y sanitaria, en beneficio de la seguridad alimentaria y de los consumidores europeos, pero también para lograr la mejora de las condiciones de vida y trabajo en los países del Sur.

En el broche final de su exposición, el responsable hortofrutícola de COAG, Andrés Góngora advirtió que, en un hipotético nuevo acuerdo, el contingente de Marruecos con mejoras arancelarias (por ejemplo, en tomate) debería ser revisado a la baja para eliminar las cantidades procedentes del Sahara Occidental.

• (1) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló en diciembre de 2015 la decisión de los Gobiernos de la UE de marzo de 2012 de concluir un acuerdo para liberalizar el comercio de productos agrícolas y pesqueros entre los Veintiocho y Marruecos, por incluir al Sáhara occidental en su aplicación, al opinar que la UE no verificó si la explotación de los recursos tenía un impacto sobre la población de ese territorio.