En febrero de 2018, Irlanda notificó a la Comisión sus planes para introducir un impuesto sobre las bebidas azucaradas con el objetivo de obtener la seguridad jurídica de que la medida no implicaba ninguna ayuda estatal en el sentido de las normas de la UE. En particular, el impuesto irlandés se aplicará a los refrescos, es decir, las bebidas a base de agua y zumo que contienen azúcar añadido con un contenido de azúcar de 5 gramos o más.

Es el derecho de un Estado miembro decidir sobre el objetivo de diferentes impuestos y gravámenes. Al mismo tiempo, para cumplir las normas de la UE sobre ayudas estatales, los Estados miembros deben diseñar impuestos de forma no discriminatoria.

La Comisión, en su evaluación, constató que los refrescos pueden tratarse de forma diferente a otros productos azucarados a la vista de los objetivos de salud. Por ejemplo, la Comisión tuvo en cuenta el hecho de que los refrescos son la fuente principal de calorías desprovistas de cualquier valor nutricional y, por lo tanto, plantean problemas de salud particulares. Además, los refrescos son particularmente propensos a generar un consumo excesivo y representan un mayor riesgo de obesidad, también en comparación con otras bebidas azucaradas y alimentos sólidos.