La Xunta de Galicia apoya las políticas europeas que buscan poner freno a las prácticas comerciales desleales en la cadena de valor de las producciones agroalimentarias, así como mejorar las condiciones de transparencia del mercado y reforzar la cohesión de los agricultores. La Comisión Europea trabaja actualmente en una directiva con esta finalidad y con el objetivo de fortalecer la posición de los productores en la dicha cadena de valor.

Los contenidos y el alcance de esta norma comunitaria, actualmente en preparación en las instancias europeas, fueron objeto de debate ayer en Madrid en el seno del Consejo Consultivo de Política Agrícola, a lo que asistió, en representación de Galicia, la conselleira del Medio Rural, Ángeles Vázquez.

La conselleira señaló que estas modificaciones normativas concuerdan con las políticas impulsadas desde los gobiernos gallego y español, en el sentido de fortalecer la posición de agricultores y ganaderos mediante la constitución de organizaciones de productores, un proceso fundamental para ganar fuerza dentro de la cadena de valor, que abarca desde el agricultor hasta el consumidor final, pasando por la industria y la distribución, entre otros los eres.

Ángeles Vázquez valoró como especialmente importantes estas medidas para Galicia en el ámbito lácteo y recordó que nuestra comunidad lidera este sector dentro de España. De ahí, dijo, que para nuestros ganaderos sea clave un funcionamiento correcto, transparente y equitativo de la dicha cadena, de forma que los riesgos se repartan de manera más equilibrada y que se potencien los contratos entre los diferentes agentes, además de mejorar la transparencia del mercado y la gestión de riesgos.

En esta misma línea, la conselleira reafirmó el compromiso de la Xunta en la lucha contra prácticas como la venta a pérdidas, para que no se produzcan en ninguno de los los eres de la cadena de valor. Se trata, dijo, de que esa cadena “tenga valor para todos, pero sobre todo para la parte más débil, que es el agricultor y el ganadero”.

Otras medidas que puso en valor, en relación con los cambios previstos en la normativa comunitaria, tienen que ver con deberes como la de efectuar los pagos, regulados por contrato, en un plazo máximo de 30 días y la prohibición de descartar pedidos la última hora, para no perjudicar al prestador de los servicios. Asimismo, valoró positivamente que se controlen los productos alimentarios que llegan de fuera de la UE, de forma que estén también sujetos a las buenas prácticas que se exigen para los comunitarios.