El gobierno francés ha presentado recientemente su “Proyecto de Ley para el equilibrio de las relaciones comerciales en el sector agrario y alimentario y para una alimentación sana y sostenible”. El proyecto cuenta con dos partes diferenciadas, la primera parte tiene como objetivo mejorar las relaciones comerciales, garantizar la soberanía alimentaria francesa y la remuneración justa de los agricultores. La segunda busca el fortalecimiento de la calidad sanitaria, ambiental y nutricional de los productos y el acceso a toda la población a una dieta sana y sostenible.

Para mejorar la relaciones comerciales, el proyecto introduce cambios en los contratos, de forma que los criterios y modalidades de fijación de precio deberían tener en cuenta los costes de producción y la evolución de los mismos. El contrato y el precio asociado deberían ser ofrecidos por el vendedor. El umbral de venta a pérdidas se eleva en un 10%, de forma que los distribuidores deberían vender el producto, como mínimo, un 10% por encima del precio al que lo hayan comprado. Las promociones tipo 2×1, uno gratis, etc. no serían posibles y se refuerza la lucha contra los precios abusivamente bajos. Además, se facilita la mediación en caso de desacuerdos dentro de los contratos y se amplían las misiones de las interprofesiones.

Para mejorar la calidad sanitaria, ambiental y nutricional de los productos , el proyecto exige que la restauración colectiva compre al menos el 50% de los productos de agricultura ecológica, local o bajo figuras de calidad en el horizonte 2022. Se introducen además diversas medidas para reducir el desperdicio de alimentos y la dependencia en el uso de productos fitosanitarios. Asimismo, se refuerzan los controles para garantizar la protección de la salud y la protección animal, doblándose las penas en el caso del maltrato animal.

Muchas de las medidas propuestas exigen un desarrollo normativo a realizar en los seis meses posteriores a la entrada en vigor de esta ley. El objetivo del gobierno es que las nuevas medidas entren en vigor antes de que acabe 2018 si bien habrá que esperar a los avances en la tramitación de la ley para saber si se podrá respetar este plazo, según publica el Boletín Exterior del Mapama..