La consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, se reunió ayer con los presidentes de las confederaciones hidrográficas del Duero, Juan Ignacio Diego; del Ebro, Raimundo La Fuente; del Miño-Sil, Francisco Marín; y del Tajo, Juan Carlos de Cea, a quienes les ha trasladado las aportaciones de Castilla y León al Pacto Nacional del Agua. Para la Comunidad resulta imprescindible no solo optimizar los recursos hídricos, sino además incrementarlos y garantizar la existencia de agua para riego, sin olvidar el cumplimiento de los objetivos ambientales fijados en los Planes Hidrológicos de Cuenca.

Así, Castilla y León ha establecido varios tipos de necesidades que deberían incluirse en el Pacto Nacional del Agua, como incrementar la capacidad de almacenamiento o regulación y que la ejecución de infraestructuras sea por procedimiento de urgencia, además de que la ley que se derive del Pacto Nacional del Agua sea un instrumento que garantice la realización de estas grandes infraestructuras, a través de la declaración de razones imperiosas de interés público de primer orden, sin perjuicio de que se fijen todas las medidas de conservación necesarias para preservar hábitats y especies. Es preciso, al mismo tiempo, llevar a cabo procesos ágiles y rápidos de constitución de comunidades de regantes en zonas de aguas subterráneas y una normativa que gestione esas masas de agua por parte de esas agrupaciones, así como realizar campañas mediáticas de concienciación que difundan realidades y necesidades sobre la disponibilidad y uso del agua.

Es necesario, como ha explicado la consejera, incrementar la capacidad de regulación, dada la clara desventaja en la que se encuentra la Cuenca del Duero en relación con las principales cuencas del país, puesto que únicamente se puede usar el 26 % de las aportaciones del agua para regadío, debido a que, entre otros aspectos, por la ubicación de la mitad de los recursos regulados, resulta imposible un aprovechamiento más allá del hidroeléctrico. Este dato contrasta con el porcentaje dedicado al regadío en otras cuencas: el 221 % en el Guadiana, el 184 % en el Segura, el 85 % en el Guadalquivir, el 67 % en el Tajo o el 52 % en el Ebro.

Resulta prioritario, también, optimizar los recursos. Castilla y León ha hecho un enorme esfuerzo en modernización de los regadíos alcanzando ya las 120.000 hectáreas desde que se puso en marcha el Plan Nacional de Regadíos en 2002, a las que hay que incorporar las 40.000 hectáreas planificadas en el Mapa de Infraestructuras Agrarias de Castilla y León, para las cuales se van a invertir más de 294 millones de euros. En la actualidad se ha alcanzado ya un nivel de ejecución del 27 %. Cabe recordar que Castilla y León fue la primera comunidad autónoma en firmar un convenio marco con el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para la realización de las obras de modernización y consolidación de regadíos con una dotación de 200 millones de euros.

Procedimientos de urgencia para ejecutar infraestructuras

Para poder obtener resultados económicos y ambientales cuantificables y en el menor plazo posible, es necesario que el Pacto Nacional del Agua tenga una consideración normativa que permita la ejecución real de estas infraestructuras por un procedimiento urgente e impulse aquellas que procuren un ‘renove energético’ que permitan la evolución de los sistemas actuales hacia el uso de energías limpias y la reducción de costes.

Castilla y León tiene establecida una planificación de nuevos regadíos recogida en el Mapa de Infraestructuras Agrarias de 20.000 hectáreas, de las cuales ya se ha actuado o se está trabajando sobre el 40 %, esto es, casi 8.000 hectáreas. El resto, las otras 12.000, se iniciarán este año, cumpliéndose así el 100 % de los objetivos fijados. Y la previsión hidrológica, que comprende de 2022 a 2027, contempla la transformación en regadío de otras 90.000 hectáreas más en Castilla y León.

Por este motivo, con estos datos, como ha destacado la consejera de Agricultura y Ganadería, resulta necesario incrementar los recursos regulados para así aumentar el agua disponible para riego. Para ello, se requiere además de la ejecución de infraestructuras por procedimiento de urgencia, que la ley que se derive del Pacto Nacional del Agua sea un instrumento para la declaración de razones que imperen por interés público, sin perjuicio de que se fijen todas las medidas de conservación necesarias para preservar hábitats y especies.

En la actualidad, y con el plan hidrológico vigente, la Comunidad tiene una capacidad para regar hasta 570.000 hectáreas, pero en 2027 alcanzaría las 660.000, por lo que Castilla y León precisaría de 350 hectómetros cúbicos más a sumar a los 3.800 de capacidad de regulación que ahora tienen uso para regadío.

Solución a las aguas subterráneas

La Consejería de Agricultura y Ganadería solicitará, además, que se dé una solución a los regadíos de aguas subterráneas. Se están ejecutando medidas para un mayor control y promoviendo la agrupación de estos aprovechamientos en comunidades de regantes. Para lograr su eficacia, se precisa un procedimiento ágil y rápido de la constitución de esas comunidades de regantes, así como una normativa para gestionen esas masas de agua. También resulta necesario, como ha señalado la consejera, una solución de aprovechamiento integral de los recursos basada en complementar los regadíos en esas zonas con recursos superficiales procedentes de la ampliación de la capacidad de regulación, así como medidas para recargar acuíferos.

Una agricultura más productiva y competitiva

Castilla y León continuará trabajando en la modernización y creación de nuevos regadíos, puesto que contribuyen a convertir la agricultura en más productiva y competitiva, a generar empleo y a desarrollar el medio rural. Se consigue además, ahorrar costes de riego (un 35 % respecto a las no modernizadas) y de uso de agua (un 20 %). Además, se incrementa el margen económico de las explotaciones, ya que el Valor Agregado Bruto de una hectárea modernizada es un 30 % superior a la que no lo está y permite una mayor diversidad de cultivos.

A nivel socio-económico, favorece una mayor incorporación de jóvenes (6,5 veces superior en zonas con alta intensidad de riego respecto a zonas de secano), mayor inversión de agricultores (es un 240 % superior a las no modernizadas), mantiene población en el medio rural (la densidad de población es 3 veces mayor, en mujeres un 2 %, y las tasas de actividad son muy superiores al secano) y aporta mayores sinergias con la industria alimentaria.

Mientras que a nivel ambiental contribuye a la reducción de gases invernaderos (la optimización de equipos permite disminuciones del 25 % en emisiones CO2), a la disminución de la contaminación difusa (reducción superior al 30 %), y a la diversidad de cultivos que incide favorablemente en aspectos como el suelo o la biodiversidad.