El secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, acompañado del secretario general de UPA Ciudad Real, Pascual Ortiz, y de la secretaria de Desarrollo Rural María Sánchez Seoane, ha explicado en rueda de prensa como el Ministerio de Agricultura está actuando a la hora de resolver los problemas de los regantes “con dos criterios muy distintos, contrapuestos. Discriminando de manera clara a los regantes de la región”. Unos criterios que imponen a nuestra región la mayor superficie con limitación de uso del agua de España, “es posible que la única zona de nuestro país donde existe una limitación a las dotaciones de riego similares”.

A la hora de atender los problemas de los regantes del Levante se legaliza por Decreto, se garantizan todos los recursos necesarios a cualquier precio y se hace inversiones en infraestructuras, mientras a los regantes de la región “se les impone limitaciones y restricciones. Así como el expolio de nuestros recursos hídricos”. Según ha explicado el secretario general de UPA CLM, “en estos momentos se está celebrando en Badajoz la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, y en el punto 4 del orden del día  se plantea la aprobación del Régimen de Extracciones para el año 2018, de las Masas de Aguas Subterráneas declaradas en riesgo: Mancha Occidental I, Mancha Occidental II, Rus-Valdelobos, Lillo-Quintanar, Consuegra-Villacañas y Sierra del Altomira”, de manera que se hará efectiva una nueva limitación al uso del agua de los regantes de Castilla-La Mancha.

Es decir, se aprobará un nuevo recorte en las dotaciones de los regantes del antiguo acuífero 23 (ahora masas de agua Mancha Occidental I, Mancha Occidental II y Rus Valdelobos), donde se plantea una dotación de 1.800 m3/ha para herbáceos y 1.500 para leñosos. “Se pide a los regantes de estas tres masas de agua un esfuerzo aún mayor del que ya vienen soportando desde hace treinta años. Los mismos regantes que tienen unas dotaciones reconocidas medias de 4.278 m3/ha”. Apenas podrán usar un tercio de sus derechos. Unas reducciones que no tienen sentido cuando, a pesar de la sequía, el nivel de los acuíferos se está comportando razonablemente bien siendo superior hoy a marzo de 2009.

UPA CLM denuncia nuevas restricciones del gobierno de España contra los regantes de la región en las masas de agua Lillo-Quintanar, Consuegra-Villacañas y Sierra de Altomira, donde se plantea un régimen de extracciones para el 2018 de 2.200 m3/ha en herbáceos y 1.500 en leñosos. Masas que tienen unas dotaciones reconocidas medias de 4.278 m3/ha y que ocupan una extensión de 528.300 hectáreas.

Apenas un tercio para regar. El resto, secano

Lo que más preocupa a la organización agraria es que la siembra de cultivos hortícolas, especialmente sociales, que generan mayor riqueza y muchos puestos de trabajo, “están tocadas de muerte en el Alto Guadiana y sobre todo para las pequeñas y medianas explotaciones”. Este es un hecho muy grave para la economía de una zona que depende sobre todo de la agricultura y donde vive un tercio de la población de CLM. A modo de ejemplo, Julián Morcillo ha explicado que un agricultor que tenga 10 hectáreas de regadío podrá sembrar, según su dotación, 2,78 hectáreas de melón o sandía, solo 2,37 de pimiento, 2,57 de cebolla o 5,14 de ajo morado, “mientras deja lo demás para secano. Un hecho muy grave para la economía de la zona”.

A este hecho le unimos los programas de actuación aprobados para las masas de agua del Alto Guadiana: “Obligan a los regantes a instalar equipos de medida en un plazo de un año. Es decir, instalar contadores y que los paguen los propios agricultores”, ha dicho Morcillo. Un esfuerzo económico adicional para sus bolsillos. “La única zona de España y si me apuras del planeta donde se va a obligar. No estamos en contra del control, estamos a favor, pero este control lo queremos para todo el país”.

Por otra parte, de los 10 acuíferos declarados en mal estado cuantitativo en el Alto Guadiana, (de los 11 acuíferos declarados en mal estado cuantitativo en toda la demarcación del Guadiana 10 son de la región), sumando también a los citados Campo de Montiel, Aluvial del Azuer, Aluvial del Jabalón y Campo de Calatrava, “el gobierno de España nos pone una limitación que afecta a 1.557.000 hectáreas”, ha sentenciado Julián Morcillo. “Suponen la imposibilidad de nuevos aprovechamientos; ni siquiera se aprueben pozos para uso doméstico. Ni para beber, ni para el uso mínimo para llenar una cuba de fitosanitarios para tratar nuestros cultivos”.

“Esto no ocurre en ningún sitio de nuestro país. Mientras el Ministerio toma estas decisiones contra los regantes de Castilla-La Mancha, busca recursos para regantes de otras regiones que no ven limitadas sus dotaciones, muchas legalizadas por decreto. En algunos casos expoliando los recursos subterráneos de acuíferos declarados formalmente sobreexplotados, como El Molar en Hellín para derivar agua destinada al regadío de las comunidades de regantes de Águilas, Mazarrón, Pulpí y Puerto Lumbreras. Todas de Murcia”, ha asegurado.

Se trata de dos varas de medir distintas, así como de un claro “trato discriminatorio del Ministerio con esta tierra, mientras a unos le resuelven la regularización de un plumazo vía decreto, luego les consiguen el agua también vía decreto, y les construyen las infraestructuras necesarias, a otros nos aplican restricciones, limitaciones, e incluso se atreven con el expolio de nuestros recursos hídricos”, ha concluido el secretario general de UPA Castilla-La Mancha.