Según las conclusiones que ha trasladado al Departamento de Hacienda del Gobierno de Aragón la abogada general del Tribunal Superior de Justicia de Luxemburgo, Juliane Kokott, el Impuesto sobre el Daño Medioambiental causado por Grandes Áreas de Venta que se aplica en la Comunidad Autónoma no constituye una ayuda de Estado. Aunque se desconoce cuándo se dictará la sentencia, todo parece indicar que resultará favorable a la posición defendida por Aragón.

El pasado mes de julio, representantes de los Servicios Jurídicos y de la Dirección General de Tributos del Gobierno de Aragón participaron en una Vista Oral convocada por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo con el objetivo de informar sobre el Impuesto sobre el Daño Medioambiental causado por Grandes Áreas de Venta, que el Ejecutivo autonómico puso en marcha en 2005. Este tributo, que grava la actividad de las marcas comerciales que superan los 2.000 metros cuadrados de superficie y cuentan con plazas de aparcamiento, fue recurrido ante el Tribunal Constitucional, que dio por buenas las tesis del Ejecutivo y falló a favor de la Comunidad Autónoma. Con posterioridad, la Asociación Nacional de Grandes Establecimientos de Distribución (ANGED) impugnó ante el Tribunal Supremo tanto el Decreto como la Orden que desarrollaba el impuesto.

Con el objetivo de poder dirimir si el tributo supone una vulneración de la libertad de establecimiento o una ayuda de Estado –que, de serlo, beneficiaría a las pequeñas y medianas superficies comerciales–, el Supremo planteó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La abogada general, tal y como planteó el Gobierno de Aragón, concluye ahora en su informe que en ningún caso se trata de ayuda de Estado dado que en el caso de los pequeños y medianos comercios no concurre una incentivación del uso de los vehículos particulares, con lo que se evita la afección medioambiental y, por lo tanto, no deben ser objeto del gravamen.

En el mismo informe, reconoce el carácter medioambiental del impuesto así como su carácter redistributivo. Asegura también que no perjudica a las grandes empresas extranjeras.

El Gobierno de Aragón ingresa de media cada año en concepto del Impuesto sobre el Daño Medioambiental causado por Grandes Áreas de Venta una media de seis millones de euros.