La víspera del referéndum catalán no parece ser la mejor época para adentrarse en cuestiones identitarias y cuestiones nacionales porque uno corre el riesgo, inevitable por otra parte, de salir trasquilado dado que, como comprenderán, al igual que es imposible hacer una tortilla sin romper huevos,  es igualmente imposible, referirse a estas cuestiones, sin ser acusado de mingafría por los sectores más nacionalistas (vascos y catalanes) o no ser acusado de secesionista y/o filoterrorista por los otros nacionalistas, que haberlos haylos, los nacionalistas españoles.

En estos momentos donde Mariano ha decidido apagar el fuego echando gasolina sobre la hoguera quisiera poner sobre la mesa, nunca mejor dicho, la cuestión de la identidad nacional en lo relativo a los alimentos y más concretamente a su etiquetado, puesto que mientras unos, apelando al sentimiento y las necesidades de generar la adhesión del consumidor más cercano, reclaman la flexibilidad normativa que posibilite acercarse al consumidor final, los otros, los normativistas y los representantes de lo grande, de la gran agricultura, de la agricultura orientada a la exportación, de la agroindustria, reclaman la eliminación de toda referencia patria que ponga barreras al campo, o mejor dicho, a su libre comercio.

Algo parecido ha ocurrido aquí, en casa, donde los bodegueros de la Rioja Alavesa, mayoritariamente bodegas familiares donde la calidad prima sobre la cantidad, llevan años reclamando a un Consejo Regulador, centrado en el volumen y la exportación de las grandes bodegas de la Rioja Alta, una mayor flexibilidad en su etiquetado que posibilitase una mayor diferenciación para aquellas bodegas más ligadas al territorio de su zona o incluso de su pueblo y ha tenido que ser, tras diferentes plantones, declaraciones públicas y amenazas de algunos bodegueros alaveses de mandar al carajo al Rioja y crear su propia Denominación de Viñedos de Alava, cuando el propio Consejo, al borde del precipicio y mientras sonaba la campana, ha acabado por admitir la posibilidad de dicha flexibilización.

Algo similar a la guerra en que andan países como Francia e Italia donde se están impulsando diferentes normativas para mejorar y concretar el origen de los productos lácteos, cárnicos, pasta, etc y así conceder una mayor y mejor información al consumidor que, como ya sabemos, desde que se produjo el escándalo de la carne de caballo, demandan conocer el origen de lo que echan al plato. Como se imaginarán, la alegría y la tristeza va por barrios y así, mientras los ganaderos y agricultores,  consideran que actuaciones de esta índole son una gran oportunidad para reconocer la calidad de los productos agrícolas y los alimentos autóctonos, puesto que el consumidor que quiera comer productos 100% autóctonos, en esta caso franceses o italianos,  sólo tendrá que buscar aquellos alimentos que porten la mencionada etiqueta, por la otra parte, pocos pero poderosos ellos, la gran industria alimentaria organizada en grupos como FoodDrinkEurope, lamentaba esta decisión al estimar que esta política de etiquetado tendría un impacto negativo en el mercado puesto que los cambios a implementar supondrían un notable coste que acarrearía, irremediablemente, un aumento del precio de los alimentos para los consumidores (para que luego digamos que los poderosos nunca se acuerdan del populacho) y lo que es peor, porque con este tipo de medidas proteccionistas que son del agrado del presidente del tupé dorado, Donald Trump, se podría causar la fragmentación del sacrosanto mercado único europeo.

Por estos lares, la cosa va más despacio, ya saben, como dice la canción “pasito, a pasito” y así, el Ministerio aún no ha sido capaz de aprobar la norma del etiquetado obligatorio del origen de la leche y de los productos lácteos y si bien soy conocedor que están en ello, no es menos cierto que el tiempo fluye, en exceso y que para nada se justifica el retraso en su aprobación y por supuesto, como se podrán imaginar, ni hablar de recoger en el etiquetado referencias geográficas más cercanas (autonomía, comarca o pueblo) y así, como hasta ahora ocurría en el Rioja, los yogures y quesos del Goierri o del Valle de Arán deberán ir etiquetados, única y exclusivamente, con su origen en España.

Ahora bien, si bien la cuestión identitaria en función de las pulsiones políticas de cada uno ( productor, elaborador o consumidor) no podemos obviarla, no es menos cierto que el objetivo último del etiquetado es informar al consumidor sobre las características del producto que prevé comprar y si tenemos en cuenta que los diferentes estudios sobre el comportamiento del consumidor de alimentos muestran que el origen es un factor muy tenido en cuenta por éstos, creo que la referencia al origen de los alimentos es algo, cuando menos, importante y por ello, creo que las diferentes instituciones (tanto Gobierno Vasco como Central) debieran abordar la obligatoriedad del origen en el etiquetado de los alimentos de un modo integral y abarcar los diferentes productos, sin ceñirse, única y exclusivamente, en función de nuestros intereses, a aquellos productos donde seamos deficitarios.

Los intereses son amplios y a veces enrevesados pero me atrevería a decir, y con esto acabo, que la mejor prueba de la importancia del factor origen en el etiquetado ello es la fuerza con la que esa gran industria alimentaria, que compra, mezcla, transforma, congela, deshidrata, transporta miles de kilómetros y empaqueta las diferentes materias primas, antioxidantes, estabilizantes y demás marranadas, se opone ferozmente y no, como sugieren, en defensa del consumidor, sino porque este mejor etiquetado dificulta sus tejemanejes y con ello, su bolsillo.