CCOO de Industria considera totalmente insuficiente la decisión del Gobierno de incrementar un 3% los fondos de los Planes de Empleo Agrario y de Zonas Rurales Deprimidas, una partida que estaba congelada desde que el Partido Popular llegó al poder en el año 2011. La medida, que se adoptó de forma unilateral, supone para este sindicato un desprecio al diálogo social y a la concertación y una utilización instrumental de los recursos públicos.

En el mes de marzo el Gobierno rechazó la propuesta de CCOO de incrementar los fondos de empleo agrario en 240 millones para recuperar el poder adquisitivo perdido desde 2011. Y ahora que se confirman los peores augurios, el Ejecutivo se conforma con incrementar esta partida en un parco 3%. Ignora que en 2017 se han reducido las producciones agrarias y que nada indica que la situación vaya a mejorar en las cosechas de cítricos, vid, olivar y aceituna de mesa.

CCOO de Industria entiende que, con esta manera de actuar, el Gobierno hace poco servicio al diálogo social. Todo indica que se ha producido un nuevo episodio de electoralismo y de uso partidista de los fondos públicos para generar empleo entre los eventuales agrarios.

El sindicato vuelve a exigir al Ministerio de Empleo y Seguridad Social y al Ministerio de Agricultura que creen una comisión interministerial que estudie el contexto, verifique la pérdida de empleo por cuenta ajena y adopte las medidas oportunas para paliar la situación.

CCOO también reclama a las comunidades autónomas que desarrollan estos planes que aporten recursos propios, máxime en un año especialmente difícil para el empleo agrario. Desde 2011, excepto Andalucía y Extremadura, todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP retiraron sus aportaciones a los planes de empleo agrarios (Castilla-La Mancha, Castilla y León, Canarias, Murcia, País Valencià y Aragón).

El Gobierno no puede seguir olvidando que en el sector agrario viven y trabajan más de 800.000 personas asalariadas por cuenta ajena (60% hombres y 40% mujeres) y que a 260.000 se les niega el derecho a la prestación asistencial.