UPA-UCE, tras conocer el auto judicial que deniega la puesta en libertad de su dirigente Ignacio Huertas, en el que se reiteran los insostenibles argumentos ya expresados para denegar la libertad a Maximiano Alcón, quiere reiterar su absoluto rechazo a que se infravalore el contenido del informe aportado por la Junta de Extremadura y que se minimicen los errores en la instrucción policial que han provocado conclusiones erróneas y acusaciones infundadas.

Para la organización, resulta de todo punto infundado y pretencioso que el auto asevere que “no resulta por el momento definitivo el informe presentado (por la Junta)”, cuando el mismo ha dado cumplida respuesta a todos y cada uno de los requerimientos de información solicitados; si bien es cierto, que la información objetiva que contiene dicho informe, respaldada por la actuación de funcionarios públicos que han desempeñado su labor en la administración regional bajo gobiernos de distinto signo, no hace sino desmontar las conclusiones a las que precipitadamente llegó una instrucción policial viciada por graves errores y exculpar a UPA-UCE, sus dirigentes y sus trabajadores, de haber cometido delito alguno.

No es posible, asegura UPA-UCE, que una instrucción policial que ha dejado manifiesta su falta de capacidad para interpretar correctamente las normas comunitarias, estatales y autonómicas que regulan la prestación de servicios de asesoramiento a explotaciones pretenda “enmendar la plana” a los funcionarios que en el ejercicio de sus competencias han realizado el control administrativo de los expedientes, comprobado la prestación del servicio y verificado su idoneidad mediante controles sobre el terreno en el que han estado presentes.

Por el contrario, sostiene UPA-UCE, la petición del referido informe a la Junta de Extremadura sobre cómo debía prestarse el asesoramiento, cuando la instrucción policial ya había fabricado sus propias y erróneas conclusiones no hace sino poner de relieve la debilidad de las mismas y la inseguridad de quien se ha precipitado y excedido, por desconocimiento, en juzgar el trabajo realizado por la organización.

Asimismo, UPA-UCE no alcanza a entender cómo un auto judicial puede minimizar graves errores en la instrucción policial que sirve de base para sostener que UPA-UCE no prestó el servicio. Algunos datos reveladores de la gravedad de tales errores son los siguientes:

? la inmensa mayoría de los agricultores que, en fase de secreto de actuaciones, fueron llamados a prestar declaración en dependencias policiales sin asistencia letrada, sin que fueran mediatizados por persona alguna de UPA-UCE y presionados por el interrogatorio al que les sometió la guardia civil, manifestaron haber recibido el servicio satisfactoriamente. Ello debería haber bastado para pensar que, con carácter general, el servicio de asesoramiento fue prestado correctamente.

? alguno de los agricultores llamados a declarar para interrogarles sobre el modo en que habían recibido el servicio de asesoramiento ni siquiera eran perceptores de las ayudas. Siendo así, mal puede entenderse que UPA-UCE (ni ninguna otra entidad de asesoramiento) hubiera incurrido en irregularidad alguna.

? Entre el número residual de agricultores que declarando bajo las condiciones ya señaladas, mostraron disconformidad con el modo en el que habían recibido el servicio, se identificó erróneamente a uno de ellos como perceptor del servicio por parte de UPA-UCE, cuando éste en realidad figura en el listado de agricultores de otra organización que también prestaba los servicios de asesoramiento.

Por todo ello, UPA-UCE Extremadura reitera que la instrucción judicial ni puede validar una instrucción policial viciada que induce a errores ni debe restar valor a los informes emitidos por la administración competente, que aseguran que el servicio se prestó correctamente y exculpan a UPA-UCE, sus dirigentes y sus trabajadores.

UPA-UCE considera que, si se actuara de ese modo, obviando graves errores y restando valor al informe de la Junta, cabría extraer la conclusión de que todo el sistema de asesoramiento a explotaciones prestado en Extremadura tendría que estar bajo sospecha, por lo que no se entendería que sólo estuviera siendo objeto de investigación UPA-UCE, que prestó sólo el 23% de los servicios de asesoramiento y no al 77% prestado por otras entidades.

En definitiva, la libertad de Ignacio Huertas y Maximiano Alcón es en estos momentos una obligación exigible a la justicia a la vista de los hechos y las pruebas que obran en la instrucción, y UPA-UCE no descansará hasta que se esclarezca la verdad y se ratifique la inocencia de sus dirigentes.