UPA-UCE Extremadura celebró ayer una rueda de prensa en la que ha hecho balance de los daños causados por las intensas lluvias de las últimas semanas. Ignacio Huertas, secretario general de UPA-UCE, ha señalado que las precipitaciones van a causar que haya cultivos que se pierdan totalmente, bajadas en la producción, enfermedades adicionales en los cultivos, un incremento en los costes al tener que asumir los agricultores más tratamientos fitosanitarios y retrasos en el calendario (tanto en la plantación como en la recolección).

Por cultivos, el tomate es el más afectado con “pérdidas millonarias”. El secretario general de UPA-UCE no ha querido avanzar cifras “porque aún es pronto para hacer una valoración concreta”, pero señala que la campaña de este año va a ser “catastrófica”. Huertas explica que el 80% de la superficie se ha visto afectada por las lluvias (19.000 has de las 24.000 has del cultivo en la región), ya que únicamente se han salvado las producciones que aún no se habían trasplantado: “Los agricultores van a verse obligados a revolver el cultivo y, dadas las fechas en las que estamos, van a tener que renunciar a continuar con tomate y optar por realizar un cambio de cultivo”. Huertas también incide en que la concentración de la recolección va a generar problemas en las entregas a las industrias.

En cuanto al maíz, los agricultores tendrán que roturar más de 2.000 has de este cultivo de las 50.000 has que hay en la región, como consecuencia de que la semilla se ha podrido. Esto va a suponer un coste para los productores de 400 €/ha y una bajada de la producción para el conjunto del sector.

Desde UPA-UCE también señalan que el sector de la fruta de hueso es otro de los afectados por las lluvias, que va experimentar un incremento de costes al tener que aumentar el número de tratamientos fitosanitarios en las explotaciones (supondrá costes adicional de unos 200€/ha en las 15.000 has de frutales de Extremadura). Además, el retraso en la producción va a hacer que las variedades más tempranas se encuentren con problemas de mercado por coincidir en producción con otras Comunidades Autónomas.

Por último, otro de los sectores con problemas va a ser el viñedo, en el que los agricultores se están viendo obligados a incrementar los tratamientos por hongos y plagas, con lo que también tienen una subida de los costes de producción.

Desde UPA-UCE Extremadura piden a las Administraciones nacional y regional que “trabajen con la máxima coordinación en la evaluación de los daños y la puesta en marcha de las diferentes actuaciones” para paliar la difícil situación de que atraviesan las explotaciones afectadas. Por ello, la organización profesional agraria va a trasladar al Ministerio la necesidad de “convocar de manera inmediata” la Mesa de las Adversidades Climáticas, con el objetivo de hacer un seguimiento de estos problemas y establecer medidas para paliar esta situación. Asimismo, van a solicitar a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio que haga un seguimiento también de la situación de las explotaciones extremeñas tras las lluvias y evalúe los daños ocasionados.

Así, desde UPA-UCE demandan a las Administraciones Públicas que establezcan medidas de apoyo a los agricultores afectados como: medidas fiscales, financiación para las explotaciones afectadas y una mejora de las coberturas de los seguros agrarios. Huertas pone como ejemplo el seguro del maíz, ya que los agricultores afectados por estas lluvias no van a percibir nada.

Desde UPA-UCE también reclamarán a las Confederaciones Hidrográficas del Tajo y del Guadiana que limpien las márgenes de los ríos para evitar desbordamientos (especial atención al Tiétar que lleva 20 años sin limpiarse y al Arroyo del regajo en Don Benito, que en cuanto llueve se desborda e inunda las parcelas colindantes). Y a Agroseguro le exigen agilidad en las valoraciones y un seguimiento exhaustivo de los siniestros en la región.

Con respecto a la industria del tomate, desde UPA-UCE dejan claro que no puede presionar a los agricultores para que mantengan la producción contratada, “ya que estamos ante un caso de fuerza mayor estipulado en el contrato”. Para Huertas, el agricultor que se ha visto obligado a tomar la decisión de abandonar el cultivo no lo hace por “voluntad propia”, sino por la situación en la que se encuentra.