La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) trasladó ayer a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) la documentación necesaria para que inicie una investigación sobre la compra a pérdidas de leche a los ganaderos gallegos durante el último año. Así se lo han pedido el responsable de Acción Sindical de COAG, Andoni García y la Secretaria General del Sindicato Lábrego Galego (SLG), Isabel Villalba, al Director de la AICA, José Miguel Herrero, durante la reunión bilateral mantenida esta mañana, en la que han solicitado que se estudie además la posibilidad de elevar la denuncia a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y a las autoridades competentes de la Xunta.

Según datos de la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia (febrero de 2016), el 77% de las explotaciones gallegas percibieron un precio por litro de leche inferior a los 0,29, (el 6% de las mismas por debajo de 0,20€/l). Los datos ofrecidos por el Fondo Español del Garantía Agraria (FEGA) confirman esta tendencia: los precios percibidos por los ganaderos gallegos entre enero de 2015 y febrero de 2016 se situaron en un promedio de 0,288 €/l con un máximo en febrero de 2015 de 0,306 €/l y un mínimo en julio del citado año de 0,276 €/l.

Por otro lado, según los resultados técnico-económicos del Estudio de Costes y Rentas de las Explotaciones Agrarias (ECREA) del MAGRAMA para Galicia en 2014 (últimos datos disponibles), los costes de producción para las explotaciones lácteas se situaron en 0,4315 €/l. Este valor se situó en 0,4758 €/l en 2013 y en 0,4178 €/l en 2012. Otros estudios oficiales, como el análisis descriptivo de la cadena de valor de la leche UHT encargado por la Organización Interprofesional Láctea (INLAC), que agrupa a las entidades representativas de la producción e industria láctea, y publicado en febrero de 2016, los costes de producción en las explotaciones se sitúan entre 0,338-0,395 €/l.

Tras la eliminación del sistema de cuotas, las explotaciones de Galicia y el resto de la cornisa cantábrica (que producen más del 60% de la leche en España y en muchos casos se encuentran situadas en zonas de difícil acceso y alejadas de los núcleos de consumo), han quedado a merced del poder de la industria de transformación, poder que ejercen abusivamente en la imposición de condiciones, especialmente las referidas al precio, para recoger un producto altamente perecedero como es la leche. Incluso se han llegado a conocer casos en los que las industrias recurren a técnicas de extorsión mediante las cuales se amenaza a las explotaciones con la no recogida de la leche al tiempo que se les entrega el contacto de otras industrias para que negocien con ellas (es decir, determinadas industrias abandonan rutas de recogida cuando los ganaderos y ganaderas tratan de negociar el precio de su producto y, durante la negociación, reconducen a esos productores a nuevas industrias que recogen esa leche a un precio menor al ofertado por la primera empresa).

COAG entiende que la fijación del precio de compra se realiza abusando de la posición de dominio que posee la industria láctea, por el carácter altamente perecedero del producto, por la eliminación de las cuotas lácteas y la liberación del sector y sin repercusión ni beneficio para el consumidor, que no ha visto mejoras derivadas de las caídas de precio en origen. Por tanto, en su petición a la AICA demanda la aplicación de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y la imposición de sanciones por infracciones muy graves recogidas en la citada ley (Artículo 62, Apartado 4, Letra b), que de forma concreta recoge que:

1. Queda prohibida la explotación abusiva por una o varias empresas de su posición de dominio en todo o en parte del mercado nacional.
2. El abuso podrá consistir, en particular, en:
a) La imposición, de forma directa o indirecta, de precios u otras condiciones comerciales o de servicios no equitativos
(…)

Por tanto, la ley hace referencia expresa a la prohibición del abuso de la posición dominante de un comprador a la hora de imponer el precio de compra, de manera directa o indirecta, a su proveedor. Es decir, la fijación de un precio no equitativo abusando de una posición de dominio en el mercado de compra está prohibida por la Ley de Defensa de la Competencia.