La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha presentado hoy, en la sede de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), los últimos datos sobre la actividad inspectora de AICA, desde el inicio de su labor, hasta el 31 de marzo de 2016. Un periodo en el que la Agencia, como organismo supervisor de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, ha propuesto un total de 322 sanciones.

SANCIONES PROPUESTAS

Por sectores es el de frutas y hortalizas el que acumula el 60,2% de las sanciones propuestas, con un total de 194. A distancia le siguen el lácteo con el 29,1% y 94 propuestas de sanciones, seguido del aceite 7,1% (23), vino 2,7% (9) y pollo con el 0,6% (2).

La distribución mayorista es el eslabón de la cadena en el que se han detectado más infracciones, con 66 de los 146 expedientes sancionadores totales. Se concentran fundamentalmente en los asentadores mayoristas de frutas y hortalizas que operan en los mercas.

En cuanto a las causas más frecuentes de sanciones destaca el no respetar los plazos de pago, en un 57% de los casos. En segundo lugar, no enviar la documentación requerida por AICA en un 24% y, en tercero, la ausencia de contratos de compra-venta en un 9% de las ocasiones.

PLANES DE CONTROL

Los planes de control de AICA se dirigen a todos los eslabones de la cadena alimentaria, así, desde que comenzaron las inspecciones de oficio en septiembre de 2014 y hasta 31 de marzo de 2016, la Agencia ha controlado 4.000 operaciones comerciales en las 1.287 inspecciones realizadas a empresas o establecimientos, que se han saldado con 270 expedientes sancionadores.

Es preciso tener en cuenta que en cada inspección se controlan varias operaciones de compra-venta, por lo que el número de operaciones comerciales es significativamente mayor que el de establecimientos inspeccionados. Por sectores, se han inspeccionado 355 empresas de frutas hortalizas, 246 en el sector oleícola, 173 en el lácteo, y 36 de carne de pollo. En el sector vitivinícola se han contabilizado 477 inspecciones: 425 requerimientos de información contractual a viticultores y 52 inspecciones realizadas en bodegas.

Los inspectores de la Agencia de Información y Control Alimentarios realizan una labor continua de inspección, tramitación de expedientes, investigación de denuncias recibidas, así como de alegaciones presentadas por las empresas objeto de vigilancia. Como consecuencia de esta actividad diaria, los datos varían día a día y los expedientes se encuentran en diferentes momentos administrativos.

AICA ha recibido 111 denuncias por posibles incumplimientos de la Ley de la Cadena Alimentaria. 37 denuncias corresponden a ‘venta a pérdidas’, práctica prohibida por la Ley de Comercio Minorista que es competencia de las Comunidades Autónomas; por lo que AICA traslada estas denuncias al órgano competente una vez determinado el ámbito territorial.

INFORME EUROPEO

La ministra de Agricultura, ha dado también a conocer el informe sobre la aplicación de normativas reguladoras de las relaciones comerciales en la cadena agroalimentaria en países europeos. Se trata de un estudio que detalla las similitudes y diferencias, así como puntos fuertes y débiles, de cada país en comparación con España.

Destaca la importante labor llevada a cabo en España, que está sirviendo de modelo a otros países europeos en la elaboración de normativas para el control de la cadena alimentaria.

El estudio revela que España es líder en Europa en la regulación y vigilancia de la normativa que regula la cadena alimentaria. Además, es el país más activo, siendo el que más sanciones está imponiendo, y con la posibilidad de imponer multas de las más elevadas en la Unión Europea, por incumplimientos de la Ley de la Cadena Alimentaria.

AGENCIA DE INFORMACIÓN Y CONTROL ALIMENTARIOS (AICA)

La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) es un organismo autónomo, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, encargado del control del cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, en lo que respecta a las relaciones comerciales, esto es, operaciones de compra-venta de alimentos y materias primas entre agricultores y ganaderos, fabricantes de alimentos y bebidas, y distribuidores del sector agroalimentario.