En algunas zonas entre el 70% y el 80% del cultivo está afectado por enfermedades y plagas debido a la imposibilidad de realizar prácticas culturales que están prohibidos por la condicionalidad que impone Bruselas. Ignacio Huertas, secretario general de UPA-UCE, ha analizado las medidas acordadas con la Administración regional para resolver el problema.

Desde hace varios años algunas comarcas de Extremadura tienen “un problema importante de carácter fitosanitario en los cereales de la región”. Se trata de una situación que no es nueva en nuestro campo, pero que en esta campaña se ha agravado de manera importante: “Se han disparado las alarmas ante enfermedades como la roya, la septoria y el oidio en los cereales. También de plagas como el pulgón negro y el pulgón verde, el mosquito del cereal, el troncha-espigas o el gusano del alambre. Y es peor en las siembras tempranas”, señala Ignacio Huertas.

Esta situación se debe a las elevadas temperaturas y las lluvias del otoño, con un invierno en el que prácticamente no ha habido heladas: “Con este clima los agricultores tenemos que triplicar los tratamientos que haríamos en una campaña normal, lo que supone un incremento de los costes y algo que nos preocupa aún más, una reducción de los rendimientos. Todo esto sumado a los bajos precios del cereal”, añade Huertas.

Desde UPA-UCE consideran que se trata de una situación “casi catastrófica” para los cultivadores de cereales de estas zonas afectadas, que viven un problema que les sobrepasa y que demandan soluciones urgentes. Por eso, UPA-UCE se reunió ayer con Consejera de Agricultura, Begoña García Bernal, y los Directores Generales para trasladarles la preocupación del sector y demandar que se autorice de forma excepcional para esta campaña y por motivos fitosanitarios la quema de rastrojos controlada en las superficies afectadas.

La Administración regional coincide en el diagnóstico de UPA-UCE ya que desde hace tiempo vienen realizando estudios que alertan de la grave situación fitosanitaria en determinadas zonas como la Campiña Sur, La Serena y otras comarcas cerealistas. Por ello, se van a delimitar las superficies y los cultivos afectados para que los agricultores que lo soliciten puedan efectuar la quema de rastrojos en su explotación de manera controlada (ya sea de forma individual o colectiva). La Dirección General de Medio Ambiente será la encargada de supervisar la seguridad en las quemas.

Los productores afectados pueden dirigirse a las oficinas de UPA-UCE en la región para solicitar más información sobre la medida que se llevará a cabo sobre el mes de septiembre. Fuente: UPA-UCE