“Yo soy católico, apostólico y románico” (en vez de decir “romano”) fue la frasecita que disparó mi padre hace muchos años a un par de testigos de Jehová que nos daban la murga todos los sábados, siempre a la misma hora, a la 1 de la tarde, que en mi casa era la sagrada hora de comer.

Esta anécdota me hizo pensar en lo profundo de sus convicciones religiosas que les impulsa a patear pueblos y calles intentando convencer a los incrédulos o intentando reorientar a los pocos católicos que incautamente abren la puerta de su domicilio. No voy a entrar en la leyenda urbana de si son secta, que si les pagan por cada libreto que endosan, etc. La cuestión es que tiene un mérito del carajo ir, puerta a puerta, intentando exponer y convencernos de “su buena nueva”.

Utilizo esta anécdota a modo de introducción para ilustrales lo que he sentido multitud de veces cuando, en función de mi responsabilidad en la organización agraria ENBA de Gipuzkoa en la que trabajo, he acudido a diferentes instituciones y organismos de diferente pelaje para, maletín en mano, ir convenciendo a los incrédulos que se sientan al otro lado de la mesa.

Acudimos a las instituciones, principalmente Parlamento Vasco y Juntas Generales, con un maletín lleno de carpetas e informes (en nuestro sector no nos alcanza para ir repartiendo sobres) donde cargamos el zurrón de argumentos y razones por las que defendemos que un proyecto de decreto, orden o Ley se modifique, se rechace o introduzca algunos cambios que nosotros estimamos beneficiosos para el colectivo que pretendemos defender, osea, el colectivo de miles de baserritarras (agricultores, ganaderos y forestalistas) que al estar estructurados en pequeñas explotaciones familiares trabajan la tierra diseminados por todos los rincones y valles que conforman este país nuestro.

Son tantos y tan variados los temas que tienen que analizar y decidir nuestros mandatarios, en muchos casos sobre temas sin experiencia y formación previa, temas que tienen que trabajar por el simple hecho que le fueron adjudicados en el habitual reparto de tareas que se da en los grupos políticos, que la inmensa mayoría de los interlocutores agradece sinceramente que vayamos a tocar a su puerta, a explicarles nuestro libreto e intentar convencerles de nuestra buena nueva; ahora bien, los hay también, debo aclarar que los menos, que creen estar capacitados para opinar, decidir y legislar sobre todo tipo de cuestiones sin escuchar la opinión de nadie, y menos de unos simples afectados, basándose única y exclusivamente en su opinión personal, experiencia más próxima o en determinados clichés que ha ido adquiriendo a lo largo de su vida.

Ya hace bastantes años que recriminé a un parlamentario, perfecto exponente de la sabiduría divina que según él poseían los parlamentarios nada más entrar por la puerta del Parlamento, que en mi opinión, el ejercicio de interconexión entre responsables políticos y colectivos socio-economicos afectados por las diferentes legislaciones o proyectos normativos era un sano ejercicio de mutuo enriquecimiento donde el colectivo en cuestión aporta al legislador la visión de los que pisan tierra en el día a día mientras el legislador también reporta al colectivo una visión de conjunto, configurada por las diferentes opiniones de los diferentes colectivos consultados, que enriquece y complementa la visión que no se alcanza a ver desde abajo.

Pues bien, ahora, siguiendo la estela de lo regulado por la Comisión Europea, la maquiavélica Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha creado el registro de lobbies para que todos aquellos grupos de interés que pretenden influir, presionar o afectar a los responsables institucionales con el fin de proteger e impulsar los intereses sociales y económicos de sus representados.

La CNMC pretende dotar de transparencia a una práctica habitual en otros países y que ha sido ampliamente regulada en USA y recientemente en la UE pero el carácter voluntario de la iniciativa le resta validez y lo que podía ser un buen paso adelante en la necesaria transparencia en la toma de decisiones en la cosa pública puede quedarse, una vez más, en simple papel mojado.

Personalmente, no soy tan ingenuo como para creer que todos aquellos colectivos o grupos de presión que se arriman al gran poder se arriman para mejorar la calidad de vida y la economía de colectivos débiles y de economía menguante pero de lo que sí estoy seguro es que esos grupos, bufetes, patronales, grandes empresas y trasnacionales a los que todos tememos más que un nublado, se pasarán dicho Registro por “el arco del triunfo” y que en oscuros reservados tendrán acceso, directo y personal, y sin dejar rastro alguno, a los legisladores que, en bastantes de los casos, serán viejos conocidos.

El término lobby tiene una acepción negativa para el conjunto de los mortales, lo asociamos con esos malvados empresarios que mueven los hilos de las decisiones públicas, que compran voluntades para favorecer su bolsillo y mantener sus posición de dominio, de ello tenemos buenas muestras en el sector agropecuario (abonos, fitosanitarios, alimentación animal, medicamentos, etc) pero no por ello, y con ésto termino, voy a dejar de referirme a esos colectivos ecologistas, medioambientalistas y paisajistas que escudados en el buenismo presionan a los legisladores para impulsar modificaciones en la legislación vigente u otros nuevos proyectos con los que, queriendo o sin quererlo, hacer la puñeta a la gente del campo.